La OCU ha realizado un estudio sobre la ética de los grandes supermercados, proyecto cofinanciado por la UE, con la finalidad de comprobar cómo comercian con los proveedores de alimentos para sus productos de marca propia originarios de países en vías de desarrollo. En concreto han elegido 7 supermercados que copan el 70% del mercado de la distribución de alimentos en España: Alcampo, Carrefour, Mercadona, El Corte Inglés, LIDL, Eroski y DIA. La información completa se publica en la revista OCU-Compra Maestra del mes de abril, y el informe “Hora de pasar por Caja” está disponible en la página Web de la OCU.

La OCU afirma que siete de las grandes cadenas de alimentación controlan hasta un 70% del volumen de ventas en España, esto les confiere un poder enorme a la hora de negociar precios y condiciones con sus proveedores. Por su parte los consumidores quieren beneficiarse de buenos precios, pero no a toda costa. Demandan también a los distribuidores que planteen unas prácticas comerciales ecuánimes y se preocupen de las repercusiones sociales de sus acciones.

La OCU considera que la responsabilidad de los supermercados es más alta en el caso de las marcas propias, en las que la capacidad de estos hipermercados para controlar la cadena de producción es total. Para no incurrir en abusos los hipermercados deben fijar condiciones razonables en sus contratos y establecer un sistema de control transparente. Por eso, la OCU revisó toda la información pública disponible acerca de las políticas de responsabilidad social de estos supermercados, pidieron a estos que rellenaran un cuestionario, entrevistó a 200 productores de alimentos de distintos países en desarrollo (sin ningún resultado), habló con los proveedores de productos de comercio justo de los supermercados españoles y acudió al supermercado para observar la información que se facilitaba al consumidor sobre estas cuestiones.

Una vez analizada toda la información, la OCU afirma que ningún supermercado de los que ha analizado está a la altura de sus expectativas en relación con los proveedores de alimentos en países de desarrollo. A pesar de esto, algunos supermercados muestran ejemplos de buenas prácticas: Alcampo recibe la nota más alta, seguido de cerca de Carrefour y Mercadona. Curiosamente, Alcampo resultó ser la cadena de implantación nacional más económica en la encuesta anual sobre precios que la OCU elabora, demostrando así que unas relaciones comerciales justas no tienen por qué desembocar en precios más altos.

La OCU insiste en que los consumidores tienen mucho que decir en este aspecto. Su presión puede hacer cambiar ciertas actitudes a las empresas, y por tanto, anima a los consumidores a:

v Solicitar en el supermercado información sobre sus políticas de responsabilidad social.
v Pedir que aumenten el surtido de productos de comercio justo, pues representan un mayor valor añadido para los pequeños productores y una garantía para los consumidores.
v Exigir a su supermercado que garantice el cumplimiento de los derechos humanos y unas condiciones comerciales justas para sus proveedores.

Por otra parte, la OCU anima a todas las compañías a poner en marcha medidas que aseguren unas buenas condiciones laborales a lo largo de su cadena de suministro, comenzando por respetar las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos humanos y por garantizar un salario suficiente para vivir en condiciones dignas. Así mismo, alerta sobre la necesidad de contratos comerciales equilibrados más allá de los códigos éticos. Y, al Gobierno, le pide que introduzca una legislación que garantice el “derecho a saber” para que las compañías estén obligadas a hacer pública la información sobre sus condiciones de producción.