1) Esta Ley rompe de manera flagrante con el diseño del sistema sanitario público establecido por la Ley General de Sanidad que se basa en la integración e integralidad de las atenciones del sistema sanitario, en el desarrollo de la Atención Primaria de Salud y en la territorialización de los servicios sanitarios.

2) Como es bien conocido la normativa madrileña supondrá la perdida de equidad y la desaparición de la garantía que tienen los ciudadanos de una atención sanitaria de calidad cercana a sus domicilios y por lo tanto accesible en cualquier momento.

3) Esta normativa entra también en contradicción con la estrategia AP21 aprobada por el Consejo Interterritorial de Salud, que en el futuro, y en lo que respecta a la Comunidad de Madrid, queda totalmente vacía de contenido.

4) Todos estos motivos eran más que suficientes para que el Ministerio de Sanidad impugnase una norma que conculca los principios vigentes de nuestro sistema sanitario, por lo que su actitud resulta incomprensible.

Pensamos por lo tanto que se trata de una decisión claramente equivocada y decepcionante y por otro lado resulta difícilmente entendible que el propio Ministerio hubiera planteado la posibilidad de recurrir sin haber meditado suficientemente la viabilidad del recurso.