1 º. Las consecuencias de impedir el empadronamientos de cualquier persona que viva en nuestro país independientemente de sus condiciones legales de residencia en el mismo, tiene como consecuencia SIEMPRE la exclusión de servicios básicos como sanidad y educación tanto para ella como para los que de ella dependen, la mayoría de las veces niños o ancianos.

2 º Supone directamente la negación de un derecho básico reconocido en la declaración universal de de derechos y recogido en nuestra propia legislación como contrario a la ley.

3º Sitúa a esas personas en situación de desamparo ante la enfermedad, les priva de servicios y medidas preventivas y asistenciales (que por otra parte están pagando por vía de impuestos tipo IVA cada vez que compran o consumen algún producto o servicio de venta en nuestro territorio) y contribuye a la desintegración social y familiar.

4. Promueve una situación inaceptable para una adecuada política de Salud Pública pues implica aceptar de hecho tener un contingente de población que vive en el país pero del cual se desconoce su situación sanitaria y por tanto impide aplicar las oportunas medidas básicas de salubridad y control de epidemiológico.

5ª. A día de hoy esta situación afortunadamente no se ha generalizado en España pero hay que denunciar que declaraciones como las del Partido Popular, que de manera cínica califican de xenófobos a ayuntamientos no gobernados por ellos que esta aplicando esta medida al tiempo que avalan con declaraciones públicas al mas alto nivel la negativa a empadronar en sus territorios a ciudadanos no regulados como es el caso de Esperanza Aguirre en algunas localidades de la Comunidad de Madrid, contribuyen a crear un clima de enfrentamiento, exclusión social y de verdadera xenofobia.

6ª. Toda esta situación, en la que de manera temeraria e irracional se juega con los derechos mas elementales de la personas, vienen a poner de manifiesto la categoría moral de algunos políticos mas interesados en su propio posicionamiento de cara a la contienda electoral que a la salud y otros derechos básicos de los cuídanos que viven en las localidades por ellos administrados.

Desde la FADSP exigimos el cese de esta demagogia que promueve la exclusión y la marginación, carente de todo sentido social y ausente de cualquier explicación o contenido moral o científico y la efectiva aplicación de las normas legales que garantizan el acceso a los servicios públicos básicos a toda la población que vive en nuestro país.