Esperemos que en el año 2010 estas y otras medidas, junto con la movilización por parte de las organizaciones de trabajadores, ciudadanos y profesionales impidan la implantación de una medida cuyo único fin es convertir un servicio público esencial en un objeto de consumo y trasformar el derecho a la salud de los madrileños en una mercancía y una oportunidad de negocio para los elementos privatizadores que gestionan la Sanidad Pública de la Comunidad.