La Ley 15/97, aprobada entre otros por PP y PSOE (con los únicos votos en
contra de IU y BNG), es la que ha posibilitado la “privatización salvaje”
de la sanidad pública llevada a cabo en el País Valenciano y, sobre todo,
en Madrid (además de en otros territorios como Catalunya, Baleares, …, con
un ritmo menor).

Lo aprobado ayer, con los votos en contra del PP y la abstención de CIU,
ERC y PNV, no es la reforma o la derogación de la Ley, es únicamente la
“toma en consideración” de una propuesta de reforma. Es decir, la
propuesta se ha convertido en Proposición de Ley, iniciando de este modo
su tramitación parlamentaria, que continuará con la apertura del plazo de
enmiendas y su debate en Comisión.

Es necesario tener en cuenta cómo se produjo la decisión del Grupo
Socialista de votar a favor (tuvieron que ser “convencidos” a última hora
por Rafael Simancas, Juan Barranco y Manuel de la Rocha, ya que algunos
diputados socialistas se preocuparon extraordinariamente ante el
“maximalismo que supone “acabar con todos los conciertos privados”).* Ver
El País de hoy.

Si durante la tramitación de la Proposición de Ley, la propuesta de IU
saliese adelante en su totalidad, las empresas privadas no tendrían cabida
en la prestación y gestión de servicios sanitarios. No obstante, es de
suponer que se introducirán enmiendas y modificaciones y ahí precisamente
reside el peligro de dejar en nada lo conseguido ayer.

De todos es sabido que el PSOE, aun manifestándose en contra de los
modelos privatizadores de País Valenciano y Madrid, ha mantenido y
mantiene una postura favorable a la “colaboración público-privada en la
sanidad” y que, de hecho, está poniendo en marcha proyectos de este tipo
en algunas autonomías donde gobierna.

En definitiva, desde CAS Madrid nos congratulamos con lo conseguido ayer
(sin duda gracias a la presión de usuarios, trabajadores, asociaciones, …
–recordemos la entrega de casi medio millón de firmas por la derogación de
la Ley 15/97- y de determinadas agrupaciones y bases del propio PSOE),
pero estimamos que la lucha continúa.

La Sanidad Pública es un elemento fundamental de equidad y debe ser de
titularidad, gestión y provisión públicas en su totalidad, es decir,
gestión directa.

Si la Ley final que se apruebe es “descafeinada” y permite de alguna
manera la participación de empresas privadas en la sanidad pública,
seguiremos con el proceso desmantelador/privatizador y con un mayor
deterioro de la asistencia que va a afectar, sobre todo, los más
desfavorecidos.

La lucha, pues, continúa ahora más que nunca, ya que todo está por decidir
y además en Madrid no podemos olvidar que no sólo se trata de paralizar la
privatización, sino de que lo ya privatizado vuelva a manos públicas y se
solucione el desastre económico y asistencial creado por Esperanza
Aguirre.