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Competencia multa a las interprofesionales del huevo y del pollo denunciadas por la OCU Recibida de OCU el 02-10-2009 a las 06:10
La OCU denunció en diciembre 2007 posibles recomendaciones colectivas prohibidas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. La Comisión Nacional de Competencia (CNC), ha sancionado a INPROVO (Organización interprofesional del Huevo y sus productos) y PROPOLLO (Organización Interprofesional de Avicultura de carne de pollo) con 100.000 y 200.000 euros, respectivamente, por entender que la política de comunicación puesta en práctica en el seno de dichas asociaciones constituyó una práctica contraria al artículo 1 de la LDC. Ambas asociaciones, mediante varias notas de prensa y otras comunicaciones públicas difundidas en julio y agosto de 2007 efectuaron recomendaciones colectivas de subidas de precios de ambos productos. Esta política de comunicación, también puesta en práctica por otras interprofesionales del sector de la alimentación (Federación de Industrias Alimentarias y de Bebidas (FIAB) así como a diversas asociaciones dependientes de ésta (Asociación de Fabricante de Harinas y Sémolas de España –AFHSE-, Federación de Asociaciones del Dulce –FEAD-, Asociación Española de Fabricantes de Helado -AEFH-, Asociación Española de Panificación y Pastelería de marca –PPM-, Asociación Española de Fabricantes de Chocolate y Derivados del Cacao –CHOCAO-, Asociación Española de Fabricantes de Pastas Alimenticias –AEFPA-, Asociación Española de Fabricantes de Salsas y Condimentos Preparados), en el mismo período de 2007 e igualmente denunciadas por la OCU, estuvo en el origen de importantes subidas de los precios de los alimentos que tuvieron lugar después del verano de 2007. La OCU se felicita por las sanciones impuestas y espera que el resto de interprofesionales denunciadas sean también sancionadas (con multas de hasta el 10% del volumen de negocio de las empresas implicadas) por la Comisión Nacional de Competencia. Del mismo modo la OCU se reserva el derecho de presentar acciones judiciales para resarcir los daños y perjuicios sufridos por los consumidores como consecuencia de estás prácticas. |
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