El fracaso de las negociaciones entre AENA y los controladores aéreos presagian un nuevo fin de semana (previo al último de agosto) caótico y con perjuicios graves para los viajeros de los que difí­cilmente van a ser resarcidos. El Director General de la OCU, José Marí­a Múgica, se ha pronunciado con rotundidad en contra de esta situación: "Lamentablemente, de nuevo vemos cómo los usuarios somos convertidos en rehenes en una situación en la que nada podemos hacer y cómo se juega con nuestros intereses buscando, por encima de todo exacerbar el daño hasta niveles insoportables sin la menor esperanza de una reparación justa puesto que la única ví­a posible, la judicial, es larga, onerosa y de final incierto".

En el estado actual de las cosas, la irresponsabilidad de unos (los responsables de AENA) y otros (los controladores aéreos) deja a los usuarios en una situación de intolerable indefensión.

De nuevo, la OCU ha insistido en la urgencia de que los poderes públicos tomen las medidas necesarias para cumplir un mandato constitucional cuya ignorancia está en la base de estas situaciones en la que los ciudadanos se convierten en rehenes de colectivos reducidos conscientes de su poder que no dudan en elegir los momentos en que mayor daño pueden producir al mayor número de personas posible y en golpear a la otra parte en las espaldas de los usuarios de sus servicios que nada pueden hacer por la solución del problema. En ese sentido el art. 28 de la Constitución es claro y contundente: "Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantí­as precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad". Y, hoy por hoy, el transporte aéreo es un servicio esencial. Cuando, como es el caso, se produce un conflicto entre dos derechos constitucionales es responsabilidad de los poderes públicos el establecer el cauce para hacerlos compatibles. Y la experiencia dice que la escasa regulación actual hace que el primero (el de los trabajadores a la huelga) prevalezca siempre sobre el segundo (el de los ciudadanos al mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad).

La misma contundencia tiene, a juicio de la OCU, el art. 37 referido a los convenios y conflictos laborales. En su párrafo 2 se dice: "Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantí­as precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad".

La OCU se ha dirigido ya en múltiples ocasiones al Gobierno y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso exigiendo la toma de medidas encaminadas a la solución definitiva de este tipo de conflictos ya que son los garantes, según la Constitución, del buen funcionamiento de los servicios esenciales para los ciudadanos y son ellos quienes deben tomar las medidas oportunas para hacer compatible el ejercicio de estos dos derechos constitucionales. Hasta ahora, la asociación de consumidores sólo ha tenido el silencio como respuesta.

No es aceptable que los caudales tan inmensos de daños y perjuicios que se derivan para los usuarios en estas ocasiones, una vez que acabe el conflicto, queden sin satisfacción y no traigan ningún tipo de consecuencias para quienes actúan con niveles tan injustificados de irresponsabilidad y falta de respeto a los usuarios.