La Federación ha dirigido un escrito al consejero de Agricultura y Pesca para trasladarle su preocupación por la actual situación en la que una empresa privada y un organismo público compiten en la acreditación de productos ecológicos.

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucí­a (FACUA) ha dirigido un escrito al consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucí­a, Paulino Plata, para trasladarle su reivindicación de que los productos ecológicos deben ser certificados únicamente por organismos públicos. FACUA ha solicitado al consejero que adopte las medidas necesarias para reconducir la situación actual en la que una empresa privada y un organismo público compiten en Andalucí­a en la acreditación de productos ecológicos.

FACUA considera fundamental para la fiabilidad y credibilidad del sistema de certificación la propia fiabilidad de las entidades encargadas de garantizar al consumidor que el producto que adquiere reúne las caracterí­sticas legalmente requeridas para ser calificado como ecológico.

Hasta hace unos meses, FACUA habí­a confiado en un sistema de control público a través de una entidad hí­brida y sin ánimo de lucro adscrita a la Consejerí­a de Agricultura y Pesca, el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, presidido por el histórico dirigente ecologista Paco Casero.

Sin embargo, el año pasado la Consejerí­a autorizó, sin tan siquiera consultar a los representantes de los consumidores, a una segunda entidad certificadora en Andalucí­a, la empresa privada Sohiscert. Situación que provocó una quiebra del sistema público de acreditación y la creación de un clima de competencia empresarial en un sector y para una función en la que deben prevalecer, por encima de todo, los intereses y derechos de los consumidores.

La Federación ha manifestado al consejero que el único mecanismo idóneo de control y certificación en un sector tan sensible como el alimentario, de enorme trascendencia para la salud del consumidor y que tantas dudas genera por las incidencias de los últimos años es el que, por carecer de interés empresarial, sirve exclusivamente al interés público general, por lo que debe recaer sobre la esfera de la Administración competente.