Además, UCE teme que en la liberalización del mercado eléctrico ocurra como en el de las telecomunicaciones en el que el aumento de la oferta y la competencia no supuso beneficios para los usuarios sino todo lo contrario. La falta de control y la subcontratación de empresas comercializadoras que peleaban por un suculento mercado dieron lugar a que 165.000 familias sufrieran el slamming (preasignación fraudulenta y no consentida a otro operador telefónico).

Por todo ello, UCE no sólo ha exigido durante meses a distribuidoras, comercializadoras eléctricas y administraciones la correspondiente información para los usuarios y las garantí­as en la calidad del servicio, sino que también ha reivindicado la aprobación de un contrato tipo consensuado con las organizaciones.

Además de reclamar la correcta aplicación del bono social, UCE demanda al Ministerio de Industria la escrupulosa protección de los datos de todos los beneficiarios de esta tarifa.

Por último, UCE ha exigido a Industria que se persigan las conductas fraudulentas de captación de clientes para que no vuelva a darse la situación de caos y descontrol que padecieron tantas familias en la liberalización de la telefoní­a e Internet.