En la actualidad, los consumidores que han sido ví­ctimas de prácticas contra la competencia tienen pocas o ninguna posibilidad de recibir alguna compensación económica. Por ejemplo, en Italia, un cártel creado entre compañí­as de seguros fue multado con 350 millones de euros por las autoridades de defensa de la competencia. No fue devuelto ni un solo céntimo a los consumidores afectados. Igualmente, en Francia, donde las tres principales operadoras de teléfonos móviles tení­an un acuerdo en la fijación de sus tarifas, se ha calculado que el daño para los consumidores ha sido de 1,2 billones de euros, sin que ninguno haya recibido compensación alguna.

A nivel europeo, la Comisión condenó recientemente a diversas empresas del sector de la cera de parafina que acordaban sus precios a pagar una multa superior a los 600 millones de euros. Se estableció que, probablemente, cualquier hogar o empresa de Europa habrí­a comprado alguna vez productos afectados por este cártel (neumáticos, vasos de papel, chicles, velas"¦). Pese a ello, los consumidores no están recibiendo ninguna compensación por haber pagado precios más altos.

Cualquier afectado por las prácticas anti-competencia tiene el derecho de iniciar acciones legales. Sin embargo, en la práctica, la situación es muy diferente y los consumidores raramente inician esas actuaciones debido a la escasez de acciones efectivas para reclamar daños y perjuicios a nivel nacional. Se ha comprobado que si las acciones privadas para exigir una indemnización por daños no son más efectivas en los próximos años, el dinero perdido por las ví­ctimas se situarí­a entre los 5,7 y los 23,3 billones de euros al año.

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo votará a primeros de marzo el Libro Blanco sobre Acciones de Daños y Perjuicios. Desafortunadamente, el debate se ha visto afectado por un miedo irracional e infundado a que se abra la puerta a fórmulas de demandas al estilo estadounidense. Tal argumento no es coherente con la tradición legal europea y desví­a la atención de la cuestión principal: proporcionar a los consumidores acciones judiciales efectivas para obtener compensaciones en estos casos. Es el momento de retomar esta cuestión y, por eso, hacemos un llamamiento a los miembros del Parlamento Europeo para que se concentren en el espí­ritu inicial del Libro Blanco y busquen mecanismos eficientes para compensar a las ví­ctimas de las prácticas anti-competencia:

Dando a las asociaciones de consumidores la posibilidad de reclamar y obtener compensaciones en nombre de todos los afectados identificados e identificables.

Eximiendo a las asociaciones de consumidores de los obligados acuerdos extrajudiciales como condición previa para acceder a los tribunales. La experiencia demuestra que estos acuerdos colectivos no proporcionan suficientes incentivos a las empresas para pagar, contrariamente a lo que ocurre cuando existe una "amenaza" legal.

Permitiendo a las asociaciones de consumidores contribuir en las decisiones de las autoridades nacionales en materia de competencia.

Aumentando el acceso de las asociaciones a las pruebas en estos casos, negado por las autoridades en materia de defensa de la competencia.

CECU y la Asociación Europea de Consumidores (BEUC) piden al Parlamento Europeo que proporcione fórmulas efectivas para que los afectados obtengan alguna compensación cuando sufren pérdidas debido a estas prácticas contrarias a las normas.