No hay ni un solo razonamiento en los artí­culos 15-17 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que justifique la privatización del Canal, sino es para beneficiar a terceros. El mismo Vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González reconoció que la capitalización del Canal de Isabel II hay que leerla en términos polí­ticos, y nunca técnicos. Esto es total y absolutamente arbitrarios. La salida a Bolsa es un episodio más del "capitalismo de amiguetes" que inspira la polí­tica económica y social del Gobierno presidido por Esperanza Aguirre.

A UGT le resultante particularmente vergonzoso que una institución pública que obtuvo 80 millones de beneficios durante el pasado ejercicio sea privatizada, más aún cuando este remanente puede ser reinvertido en el perfeccionamiento de la polí­tica del agua de la Comunidad de Madrid. Decisión solamente explicable a luz de la confusión de intereses públicos y privados que lastra el ideario de quien defiende tal aberración económica.

Ni la construcción de nuevos embalses, por ser competencia estatal, ni la mejora de las infraestructuras, que serán privatizadas, justifican la salida a Bolsa.

En contra, la pérdida de la calidad de agua, la reducción de la plantilla necesaria para hacer frente al funcionamiento de esta institución pública "“y por tanto, de la calidad del agua"“ y el despilfarro de este recurso, pues es difí­cil imaginar en base a qué criterios serán diseñadas las campañas de ahorro, son las más que previsibles consecuencias de una operación que UGT insiste es absolutamente arbitraria, pensada para aumentar la cuenta corriente de unos pocos beneficiarios.

Pues, en la actualidad, el Canal ya es propiedad de los madrileños y madrileñas. La privatización, contra la torticera y demagógica argumentación del Gobierno regional, ya es de la Comunidad de Madrid. El sindicato también teme por los terrenos propiedad del Canal, cuyo futuro es cuando menos incierto.

UGT-Madrid exige al Gobierno Regional que pare esta acción irresponsable, caprichosa e injustificada antes que perjudique de una forma irreparable los intereses de los ciudadanos y ciudadanas que disfrutan de una de las mejores aguas de todo el territorio nacional.