La OCU propone

v La introducción de un plazo de carencia de un año al interés legal
v La creación de un procedimiento concursal abreviado para las familias
v La modificación del procedimiento de subastas judiciales

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha dirigido hoy al Presidente del Gobierno, José Luis Rodrí­guez Zapatero para solicitar la adopción de un plan urgente de protección de los consumidores afectados por la crisis económica.

El deterioro de la situación económica unido al fuerte endeudamiento al que se han visto sometidas las familias, en especial de aquellos que compraron su vivienda en los últimos años, está provocando, según todas la previsiones de distintos organismos, un incremento importante de la morosidad y en particular de la hipotecaria.

En España, según datos de la encuesta sobre la situación financiera de las familias publicada por la OCU en Enero de 2008, el 49,6% de las familias tiene una hipoteca. De cumplirse las previsiones sobre incremento de la morosidad hipotecaria de distintos organismos, alrededor de 75.000 familias pueden llegar a tener problemas para hacer frente al pago de sus hipotecas.

La OCU denuncia que muchas de estas familias se embarcaron en la compra de una vivienda alentadas por las propias entidades financieras que en gran parte de los casos han otorgado créditos de forma poco responsable, a familias que no reuní­an los requisitos adecuados de solvencia, o concedí­an créditos por encima del 100% del valor de tasación de los activos que garantizan la deuda.

Ante el aumento de la morosidad hipotecaria, la OCU cree que no existe un sistema adecuado que garantice la protección del patrimonio de las familias afectadas por la insolvencia. Prueba de ello es que a pesar del repunte de la morosidad, sólo un reducido número de familias ha solicitado acogerse a la Ley Concursal.

Por todo ello la OCU ha propuesto hoy al Presidente del Gobierno un plan urgente de medidas de protección de los consumidores endeudados que se centre en:

– medidas que permitan a las familias la reestructuración de sus deudas hipotecarias para evitar la situación de insolvencia, eliminando los costes de la novación de las condiciones de los préstamos que posibiliten introducir un periodo de carencia de un año con un interés de demora igual al interés legal, nuevos planes de amortización o el aplazamiento y escalonamiento de las deudas.

– medidas de protección del patrimonio familiar en caso de insolvencia definitiva. La OCU reclama un procedimiento concursal abreviado destinado a las familias, gratuito y que asegure mediante la tutela judicial la conservación en lo posible del patrimonio familiar o la ordenada liquidación del mismo.

– medidas fiscales que faciliten la transmisión de la vivienda a quienes se vean afectados por una insolvencia sobrevenida.

– la reforma del sistema de ejecución hipotecaria, mediante subastas para evitar que desaprensivos sin escrúpulos y profesionales codiciosos sean los únicos beneficiados de la ruina económica de las familias.

A juicio de la OCU es injusto que el Gobierno destine miles de millones de euros de las arcas públicas a salvar a posibles entidades financieras en apuros, que son las verdaderas culpables de la crisis financiera en la que nos encontramos, y se olvide de ayudar a los consumidores que se encuentran en dificultades por esa crisis económica. Las entidades financieras, por otra parte, deberí­an actuar en consecuencia y facilitar las condiciones de pago a las familias que van a atravesar problemas de solvencia.

La OCU recuerda que en la mayorí­a de los planes de rescate aprobados por los distintos gobiernos se contemplan medidas destinadas a aliviar la situación de los consumidores. Por ello, además de al Gobierno se ha dirigido a los grupos parlamentarios solicitando la adopción de medidas favorables a los consumidores endeudados.