El próximo miércoles, 8 de octubre a las 11 de la mañana, tendrá lugar en la sede de la Fundación Caixa Galicia (C/ Cantón Grande, 21-24), la presentación en rueda de prensa de los resultados del informe de 2008 sobre La Opinión y Valoración de los Consumidores sobre la Responsabilidad Social de la Empresa en España, que cumple su tercera edición tras los elaborados en 2004 y 2006.

De carácter bianual, este estudio elaborado por CECU, con la colaboración del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y de la Universidade Da Coruña y la subvención del Instituto Nacional del Consumo, se ha convertido tras seis años en una de las principales referencias de nuestro paí­s a la hora de evaluar la opinión e información que tienen los ciudadanos sobre la actividad social de las empresas españolas. En la presentación participarán Marí­a Rodrí­guez, presidenta de CECU, Manuel Martí­nez, profesor del Departamento de Análisis Económico y Administración de Empresas del Área de Organización de Empresas de la Universidade Da Coruña, y Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa.

Los datos de esta edición nos muestran la necesidad de que empresas y administraciones se apliquen en la mejora, en cantidad y calidad, de la información que ofrecen a los consumidores, ya que el 70% de los encuestados en todo el territorio nacional aún desconocen el concepto y significado de la RSE. Además, un 75% señala que ejercerí­a un consumo más responsable si tuviera una información más accesible sobre el compromiso de las empresas con los aspectos sociales. Los ciudadanos creen que tienen poca o muy poca información sobre RSE y, además, siguen considerando a las empresas como las fuentes menos fiables, frente a las ONGs y los medios de comunicación, más dignos de credibilidad, según la opinión de los consultados.

Las empresas españolas mejoran algo su valoración general respecto a los datos de 2006, aunque las calificaciones siguen siendo bajas, situándose en un aprobado ajustado para su actuación en España (5,3 sobre 10) y en un insuficiente 4,9 cuando operan en los paí­ses en ví­as de desarrollo. Resulta, por otra parte, interesante observar que, aunque se sigue suspendiendo a la administración central en cuanto a las polí­ticas relacionadas con la RSE, se sitúa cerca del aprobado al subir su valoración un 18% respecto al estudio anterior y se refuerza el papel del Estado como legislador, dinamizador y sancionador de los comportamientos relacionados con la RSE.