FACUA-Consumidores en Acción considera una auténtica tomadura de pelo a los consumidores las declaraciones realizadas hoy por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, en las que justifica en el riesgo de "fraude" el hecho de que la denominada tarifa social eléctrica no se aplique en función de la renta sino de la potencia contratada.

El ministro ha asegurado que "con la renta puede haber fraude, pero el consumo, como el algodón, no engaña". Pero FACUA advierte que el fraude, lamentablemente, siempre es posible.

Por ejemplo, un usuario puede contratar la tarifa social y montar en su domicilio un negocio de lavanderí­a poniendo dieciséis lavadoras en 12 horas. Otro caso, una familia podrí­a contratar la tarifa social en su segunda residencia de la playa, con sólo empadronar a uno de sus miembros en ella.

Por el contrario, una familia que haya realizado una inversión en electrodomésticos con los mayores niveles de eficiencia energética y que sea especialmente ahorrativa a la hora de consumir electricidad se verí­a privada del acceso a la tarifa social porque necesite una potencia contratada muy superior al tope de 3 kW fijado por el Gobierno. Una potencia muy baja que, por ejemplo, no permite tener operativa a la vez una sola consola de aire acondicionado y una lavadora, salvo que la vivienda no tenga frigorí­fico.

El ministro también ha asegurado que "la renta declarada es un elemento que no es justo para evaluar lo que se quiere evaluar, que es el consumo" de electricidad en los hogares. FACUA también discrepa con Sebastián, ya que la tarifa social no implica mayor o menor consumo, sino potencia, algo bastante diferente.

FACUA se pregunta dónde está el carácter social de la tarifa aprobada por el Gobierno. Y es que sus caracterí­sticas la hacen inviable para millones de familias con pocos recursos económicos por mucho que su consumo eléctrico no sea para nada despilfarrador.

FACUA insiste, como ha apoyado la propia Comisión Nacional de la Energí­a (CNE), en que una tarifa realmente social debe estar viculada a los recursos económicos de los usuarios.

Evidentemente, señala la asociación, resulta mucho más complicado para la Administración y las eléctricas evaluar datos relacionados con la renta de las familias que poner un lí­mite de 3 kW de potencia contratada y restringir la tarifa a la primera vivienda.

El problema, lamenta FACUA, es que al optar por una fórmula fácil, Industria ha eliminado el adjetivo social de su tarifa, que se reduce a una maniobra de propaganda.