Ante la publicación en el BOE de la Orden del Ministerio de la Presidencia por la que se establecen las tarifas del canon digital, FACUA-Consumidores en Acción reitera su rechazo a esta fórmula injusta, arbitraria y errónea con la que el Gobierno pretende proteger la propiedad intelectual.

FACUA lamenta el concepto patrimonialista y mercantilista de la cultura que está guiando las polí­ticas del Gobierno. Y ello atendiendo fundamentalmente a los intereses de las entidades de gestión de derechos de autor y las grandes multinacionales de la música y el cine y obviando las reivindicaciones de numerosas organizaciones de la sociedad civil.

Tras la extensión del canon digital a nuevos soportes, FACUA muestra su preocupación por la posible puesta en marcha de nuevas medidas que, con la defensa de la cultura como argumento, deriven en auténticos ataques a la misma y a los derechos y libertades civiles.

Redes P2P

En este sentido, la asociación espera que el Gobierno no ceda a más presiones de una industria que una vez se resiste a renovarse ante el progreso tecnológico. Presiones que persiguen inciativas tan inquietantes como la que Francia podrí­a aprobar en breve contra el intercambio no lucrativo de obras culturales en Internet a través de las redes P2P.

FACUA considera la propuesta francesa un auténtico atentado contra el acceso a la cultura, tristemente reducida a una mera mercancí­a a la que según sus supuestos protectores e impulsores sólo debe accederse si se paga por ella.

Millones de ciudadanos tratados como delincuentes

La cultura, advierte FACUA, no se defiende con seudoimpuestos -que recaudan entidades privadas- injustos y arbitrarios como el canon digital ni criminalizando a millones de usuarios. Es repulsivo, señala, que millones de ciudadanos sean insultados y tratados como piratas o delincuentes por el mero hecho de compartir obras culturales, sin ningún interés lucrativo.

La asociación reclama al Gobierno que asuma el necesario objetivo de impulsar la cultura en todas sus manifestaciones y de armonizar y equilibrar los derechos e intereses de los distintos sujetos implicados.

FACUA advierte que el acceso a la cultura en todas sus expresiones es un derecho de los ciudadanos y su fomento y tutela por parte de los poderes públicos es un precepto constitucional, lo que justifica las limitaciones que puedan imponerse a la llamada propiedad intelectual, cuya importante función social es en cualquier caso incuestionable.

La llamada sociedad de la información y de la globalización debe suponer también, en opinión de FACUA, una sociedad del conocimiento libre, una sociedad plural con acceso a la cultura, en su más amplio concepto, y donde el acceso, el uso y la difusión de contenidos artí­sticos, cientí­ficos, culturales, educativos y tecnológicos no esté condicionado por criterios de mercado y controlado por grupos profesionales y comerciales.

Lamentablemente, denuncia la asociación, si en la Edad Media el acceso a la educación, a la cultura y al arte era patrimonio de la Iglesia, ahora, en el siglo XXI, los guardianes del arte y la cultura son las entidades gestoras de los derechos de autor, en manos, en gran medida, de grandes multinacionales.