UGT señala que de acuerdo con los contenidos establecidos en las transferencias sanitarias "en caso de no uso o cambio de destino para el que se adscriben los bienes transferidos estos revertirán a la Seguridad Social".

Además UGT denuncia que los trabajadores de estos centros han resultado perjudicados al haber sido desalojados de sus puestos de trabajo, no por un plan de ordenación de recursos humanos tal como recoge el art. 36 del Estatuto Marco, ni por necesidades de servicio o funcionales como recoge el art. 81 del Estatuto del Empleado Público, sino para atender a los intereses económicos de una empresa privada.

Esta medida privatizadora tiene su origen en la firma del Concierto singular entre la Consejerí­a de Sanidad y la empresa CAPIO donde se cedí­a los centros de especialidades Pontones y Quintana.

En este acuerdo Singular además se incrementaba en los dos últimos años un 39,7% las cantidades que percibí­a CAPIO de las arcas públicas a través de la Consejerí­a de Sanidad para la Fundación Jiménez Dí­az y el Hospital Infanta Elena que ha percibido 13,24 millones € en el año 2007 por 1 mes de prestaciones sanitarias y para este año esa cantidad se ha duplicado alcanzando los 27 millones de €.

Ni el futuro traslado del hospital Puerta de Hierro a la localidad de Majadahonda ni la mejora de la accebilidad de los pacientes del futuro área 14, argumentos esgrimidos por la Consejerí­a de Sanidad para realizar este nuevo Concierto, se ajustan a la realidad. Puesto que:

– Sólo el 25% de las tarjetas asignadas a la futura área 14 de salud proceden del Área 6 (hospital Puerta de Hierro).

– Hasta el 25% de las tarjetas asignadas a esta área, las zonas básicas del distrito sanitario de Arganzuela (93.000 tarjetas sanitarias), empeoran su accesibilidad ostensiblemente, duplicando los tiempos para el acceso al hospital.