La Audiencia Provincial de Cádiz ha ratificado una sentencia que condena a una empresa dedicada a las reformas de albañilerí­a a devolver más de 6.800 euros a un socio de FACUA. El usuario abono dicha cantidad para la realización de unas obras en su vivienda que, ante las innumerables deficiencias en los trabajos realizados, se vio obligado a paralizar y encargar a otra empresa.

Juan V. D., socio de FACUA Cádiz, contrató con la empresa Restauraciones Castaño la realización de diversas obras de reforma en su domicilio. Tras el inicio de los trabajos, pudo comprobar que los resultados eran claramente deficientes, por lo que, en reiteradas ocasiones, solicitó a la empresa la subsanación de los problemas que iban apareciendo, sin que ésta les diese solución.

Restauraciones Castaño

Ante la situación y debido a la urgencia con la que necesitaba finalizar los trabajos, el usuario optó por encargar los trabajos a otra empresa, solicitando a Restauraciones Castaño la rescisión del contrato y la devolución de las cantidades abonadas a cuenta.

El usuario puso el caso en manos de FACUA Cádiz y a pesar de que las deficiencias eran evidentes y notables, el responsable la empresa, Juan José Castaño Sánchez de la Campa, se negó a alcanzar ningún tipo de acuerdo amistoso. Por el contrario, el empresario reclamó el pago del importe total del contrato, por lo que el consumidor se vio obligado a interponer una demanda judicial, siendo asistido en los Tribunales por un abogado de FACUA Cádiz.

En julio de 2007, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cádiz dio la razón al consumidor, al entender que la empresa habí­a incumplido su parte del contrato debido a la defectuosa ejecución de los trabajos, por lo que la condenó a devolverle la cantidad de 6.870,98 euros más los intereses legales correspondientes. La sentencia fue recurrida por el empresario ante la Audiencia Provincial, cuya sección quinta ha desestimado el recurso el 13 de mayo.

FACUA Cádiz se congratula de la decisión judicial y lamenta la actitud mantenida durante todo el proceso por el empresario, quien rechazó en todo momento la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso, lo que hubiera evitado que el consumidor se viera obligado a recurrir a los Tribunales de Justicia.