Documento UPA: El mercado de carburantes en España

El Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Guillermo Ruiz Polanco ha admitido a trámite la denuncia presentada el pasado 16 de abril por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) contra las empresas de productos petrolí­feros y la asociación que las agrupa, por alterar el precio de venta de los carburantes y evitar la libre concurrencia, mediante engaño y utilización de información privilegiada. La Audiencia Nacional ha decidido también acumular el resto de denuncias presentadas por los integrantes de la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes y reclamar a la Fiscalí­a Anticorrupción toda la documentación e investigación realizada durante los últimos dos años.

UPA presentó esta denuncia como consecuencia del acuerdo alcanzado en este sentido por la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes, tras la decisión del Fiscal General de Estado de vetar la propuesta de querella elaborada por la Fiscalí­a Anticorrupción, después de meses de investigación y tras analizar el comportamiento de las empresas petrolí­feras en la fijación de precios de los carburantes y el funcionamiento de la competencia en el mercado.

La denuncia pretendí­a, por tanto, que no se perdiera el trabajo realizado por la Fiscalí­a Anticorrupción, y para ello, junto a los hechos denunciados, UPA reclamaba también que la Audiencia Nacional requiriera la totalidad de las diligencias efectuadas por la Fiscalí­a, así­ como los expedientes del Tribunal de Defensa de la Competencia a REPSOL y CEPSA, y las actuaciones practicadas previamente por el Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economí­a y Hacienda.

UPA incluí­a en su denuncia a las empresas Petronor, Repsol Ypf, S.A. Repsol Petroleo, S.A., Cepsa, Bp Oil España, S.A., Repsol Comercial de Productos Petrolí­feros, S.A., Cepsa Estaciones de Servicio, S.A., y Compañí­a Logí­stica De Hidrocarburos, S.A. (CLH). Asimismo, la denuncia incluye a la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolí­feros (AOP), junto a las empresas que la forman, que además de las ya mencionadas son: Agip España, S.A., Esso Española, S.A., Kuwait Petroleos España, S.A., Oil Invest España, S.A., Petrogal Española, S.A., Shell España, S.A., Total Fina España, S.A., y Saras Energia, S.A..

Los argumentos jurí­dicos de la denuncia de UPA hací­an referencia a todas las normas -desde la Constitución a las leyes especí­ficas- relativas al funcionamiento del libre mercado y el respeto a las reglas de concurrencia, una vez constatado que las empresas denunciadas, a través del engaño permanente y el uso de información privilegiada de que sólo ellas podí­an disponer, han producido graves perjuicios ilegí­timos a los consumidores españoles en general y a los pequeños agricultores y ganaderos en particular, forzados a pagar precios superiores por los carburantes a los que habrí­an satisfecho de no existir estas prácticas.

Unos argumentos que se centran inicialmente en el periodo de fuertes subidas de precios de los carburantes de 1999 y 2000, pero que UPA extiende también hasta la actualidad, como se demuestra con un análisis incorporado a la denuncia sobre la evolución paralela, claramente desigual, de los precios del petróleo y los carburantes entre febrero de 2000 y marzo de 2002.

Para demostrar los hechos denunciados, los argumentos jurí­dicos de UPA van acompañados de una serie de informes que evidencian las prácticas irregulares de las empresas petrolí­feras, tanto en relación con la fijación de los precios de los carburantes como en la falta de libre concurrencia en la distribución a los consumidores finales, por la altí­sima concentración empresarial de este mercado.

Con todo ello, UPA confí­a en que las actuaciones de la Justicia permitan, de una vez por todas, acabar con este tipo de actuaciones, cuyo perjuicio se extiende a toda la sociedad española y especialmente a aquellos sectores profesionales que, como en el caso de los agricultores y ganaderos, tienen en los combustibles un medio de producción determinante para su actividad.

Asimismo, UPA se felicita por la solidez de los argumentos jurí­dicos de la denuncia que han permitido su admisión a trámite por la Audiencia Nacional, impidiendo así­ que la maniobra del Fiscal General del Estado alcanzara su objetivo de paralizar la investigación desarrollada por la Fiscalí­a Anticorrupción y dejar en la impunidad las presuntas prácticas irregulares de las grandes empresas de carburantes.