La Asociación General de Consumidores (ASGECO) demanda un giro de 180 grados en la polí­tica fiscal y económica del Gobierno español con la reducción de los impuestos indirectos en lugar del IRPF. ASGECO denuncia que las medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo sólo están favoreciendo los intereses empresariales y de los sectores sociales económicamente más favorecidos y contribuyendo al aumento desorbitado de la inflación.

En Abril, la inflación ha vuelto a aumentar y, en un 1,4%, lo que viene a ser el mayor incremento desde hace 10 años, situándonos en una inflación acumulada de 2,1%, que ya supera la previsión del gobierno para todo el año. Y la tasa interanual se sitúa ya en el 3,6% cuando, el í­ndice armonizado de la U.E. se encuentra en el 2,5%.
Las razones argumentadas por el Gobierno para justificar estas subidas, por primera vez incorporan los efectos de la moneda única, efectos que, tras la reforma del í­ndice no se habí­an dejado sentir, tanto en enero como en febrero, gracias a las rebajas y, que ahora toman todo su sentido lejos de éstas, como demuestran los datos: incremento del 7% en vestido y calzados y del 4,1% en bebidas alcohólicas y tabaco.

Estos datos, aparte de poner de manifiesto el evidente problema español con el IPC no manifiestan de forma tan clara como son los consumidores, la parte más débil, la que siempre viene a soportar estos incrementos de precios.

Así­, a pesar de las manifestaciones y reclamaciones efectuadas sobre el "efecto del euro" y el "redondeo", no se hizo nada y es ahora, cuando ya sufrimos sus consecuencias, cuando se admite la existencia del mismo, pero sin aún llevar medidas a cabo. Y así­, las únicas medidas que parece vayan a tomarse dentro de éste problema son las relativas al incremento de las cargas fiscales para el ciudadano, lo que unido a la perdida de capacidad adquisitiva que supone ya el incremento del IPC con respecto a los Convenios pactados queda lejos de solucionar un problema que, encuentra su origen en la polí­tica de desmantelamiento de oligopolios de servicios como la energí­a, el gas y las telecomunicaciones por parte del Gobierno y que hace que el consumidor no disfrute de un verdadero precio de mercado, superponiéndose su interés al de otras grandes compañí­as, con más poder y que solamente persiguen al ánimo de lucro que marcan sus Estatutos.