La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucí­a (FACUA) expresa su rechazo al Plan Estratégico de Protección al Consumidor aprobado hoy martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucí­a. Con su aprobación, denuncia el secretario general de FACUA, Miguel Angel Santos Genero, "la Junta de Andalucí­a ha quebrado la lí­nea de consenso con las asociaciones de consumidores que habí­a inspirado las polí­ticas de Consumo en los últimos veinte años".

El texto aprobado hoy "nace sin el consenso prometido por la Junta de Andalucí­a", advierte Santos Genero, cuya Federación "no se siente vinculada al Plan ni lo entiende como suyo". "Se ha perdido la oportunidad", asevera, "de haber consensuado con las organizaciones de consumidores un Plan Estratégico que realmente reflejara las aspiraciones y necesidades del movimiento de consumidores para los próximos años".

Se trata, denuncia el secretario general de FACUA, "de un texto poco ambicioso que no responde a las expectativas abiertas por la Junta de Andalucí­a, lleno de grandes enunciados y promesas pero sin concretar los instrumentos para hacerlas realidad". "Sus medidas", continúa, "son excesivamente conyunturales, careciendo de una proyección a medio y largo plazo que ha de caracterizar cualquier plan estratégico. Además, la sociedad civil y el movimiento de consumidores tiene en él un escaso protagonismo, que es acaparado casi en la totalidad por la Administración".

"No podemos explicarnos cómo puede señalar que uno de sus aspectos fundamentales sea la potenciación del movimiento consumerista, cuando paralelamente se están recortando en la práctica las competencias y capacidad de funcionamiento del Consejo de los Consumidores y Usuarios (CCU) de Andalucí­a", el máximo órgano de representación y consulta de los consumidores andaluces, integrado por las tres federaciones de ámbito autonómico.

El Plan Estratégico también señala como prioritaria la actualización de la Ley de los Consumidores y Usuarios en Andalucí­a. Sin embargo, el Gobierno andaluz sólo pretende elaborar una modificación a la citada Ley que fundamentalmente desarrollará tan sólo la parte dedicada a la inspección y sanción en el mercado, algo positivo, pero sin plantearse la actualización del resto de la norma original para hacer frente a la nueva realidad del mercado.

El borrador del anteproyecto sigue sin reconocer el papel de agentes económicos y sociales que están jugando las asociaciones de consumidores en el mercado. Tampoco pretende potenciar el papel de las asociaciones de consumidores ni del CCU de Andalucí­a ni va a actualizar el papel de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, de forma que dejen de ejercer una competencia que debe corresponderle las organizaciones de consumidores como es la atención de consultas y tramitación de reclamaciones de los consumidores.