Para UCE-Sevilla, esta iniciativa no es sino la consecuencia lógica del desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomí­a para Andalucí­a que el pueblo andaluz ratificó en referéndum y que en su artí­culo 25 establece que los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda, contemplando que mediante la ley se regulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así­ como las ayudas que lo faciliten.

Como no podí­a ser de otra manera, desde UCE-Sevilla se valora positivamente la adopción de medidas que promuevan el acceso a la vivienda de aquellos ciudadanos que por sus circunstancias socio-económicas tengan dificultades para ello _sobre todo teniendo en consideración los niveles de sobreendeudamiento que actualmente sufren muchas familias andaluzas_. Resulta curioso observar que actualmente es mayoritaria la opinión respecto a que las empresas privadas obtienen más beneficios que nunca (en algunos casos escandalosos), y que las cuentas públicas nunca estuvieron tan saneadas (con superávit), mientras que los consumidores alcanzan cotas de endeudamiento hasta ahora desconocidas.

De hecho, todo empuja a pensar que algo del enriquecimiento de las empresas y de la bonanza de las cuentas públicas está directamente relacionado con el endeudamiento de las economí­as domésticas. Según datos del Banco de España, las familias españolas están en umbrales de sobreendeudamiento muy preocupantes y se extienden las voces de alarma respecto a las previsiones para el año 2008. Se estima que el precio del dinero se podrí­a situar en torno al 5,25%, obligando a las familias a dedicar más del 45% de sus ingresos para pagar su vivienda.

Por todo ello, UCE-Sevilla cree que serí­a positivo que la propuesta legislativa del Gobierno Andaluz contara con el mayor consenso posible entre el conjunto de las fuerzas parlamentarias andaluzas, más aún tratándose del desarrollo de un compromiso estatutario firmemente demandado por la sociedad andaluza.

Igualmente, UCE-Sevilla considera necesario implicar y comprometer en este proceso, para su éxito, al resto de las administraciones públicas: las locales a través de un compromiso público de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP); y la administración estatal, no sólo con el apoyo verbal de la ministra de vivienda, sino también con en necesario compromiso explí­cito y económico del Gobierno de España.