Los precios crecieron el +1,4 durante el mes de abril, acumulando una subida del +2,1% en lo que va de año. Con este incremento la tasa interanual se sitúa en el +3,6% (cinco décimas por encima de la del mes de marzo), muy por encima de la previsión del Gobierno para el presente año (+2%).

La más que preocupante evolución de los precios durante el mes de abril se complica aún más al observar como la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) crece respecto al mes anterior hasta situarse en el +3,9% (cuatro décimas superior a marzo).

La culpa de la espectacular subida de precios durante el mes de abril recae especialmente sobre los capí­tulos de bebidas alcohólicas y tabaco (+4,1%) y vestido y calzado (+7,1%) ayudadas por transporte (+1,6%) y hoteles, cafés y restaurantes (+0,7%).

La modificación estructural en la metodologí­a utilizada por el INE desde enero para medir los precios limita parcialmente un análisis de futuro utilizando los parámetros habituales (en julio se incluirán nuevamente rebajas en determinados artí­culos) pero aún así­, la evolución de los precios durante lo que va de año desprende una sensación de ausencia generalizada en el control de precios, sin causas externas a quienes señalar como culpables.

La elevación de precios es extensible a los alimentos elaborados y sin elaborar, las bebidas y el tabaco, los productos energéticos y los servicios en general. De esta forma, hay que buscar como responsables de la situación a la fuerte subida de impuestos sobre el consumo aplicada por el Gobierno en 2002 para conseguir los recursos perdidos con la reforma del IRPF y la nefasta gestión de una amplia parte de los empresarios españoles que se ha aprovechado de la introducción del €uro para incrementar los precios de sus bienes y servicios por encima del valor real de la producción. La evolución de los salarios y del resto de los costes no justifican un comportamiento de los empresarios tan contrario a los intereses generales.

El Gobierno ha priorizado sus intereses electoralistas frente a los colectivos aplicando una reforma del IRPF por la que ha renunciado a 4.800 millones de €uros de recaudación, mientras a la vez aumentaba de forma desmesurada la presión fiscal a través de los impuestos sobre el consumo. La presentación de un nueva reforma del IRPF profundizando en ese camino supone una nueva falta de sensatez del Gobierno para defender los intereses de la mayorí­a.

La actitud de Gobierno y empresarios limita la renta disponible de los ciudadanos y supone un rémora muy grave para generar riqueza en el futuro. Con los problemas de la economí­a española es más necesaria que nunca una actitud de dialogo real por parte del Gobierno para buscar soluciones de futuro en la que se garantice una distribución equilibrada de los esfuerzos y de los posibles beneficios.