Se trata de uno de los primeros desarrollos legislativos que se presentan tras la reciente aprobación del nuevo Estatuto de Autonomí­a para Andalucí­a. Este proyecto regularí­a la libre competencia, entendida desde un marco general de protección de los intereses generales y de respeto a los derechos de los consumidores y usuarios. UCA-UCE valora positivamente la creación de una normativa autonómica que regulara dentro del marco legal y territorial andaluz, la defensa de la competencia.

UCA-UCE, como legí­timo representante de los consumidores y usuarios andaluces, entiende que la mejora de la eficiencia productiva que aporta un sistema de libre competencia se traslada siempre en beneficio de los consumidores a través de una reducción de precios o un aumento de la calidad y variedad de los productos ofertados.

Sin embargo, existen ciertas puntualizaciones en las que es necesario hacer hincapié. La Unión de Consumidores echa en falta una mención expresa a la protección de los derechos y los legí­timos intereses de los consumidores y usuarios, así­ como una explí­cita alusión a los principios inspiradores de la norma, a cuyo efecto considera conveniente la introducción de un nuevo artí­culo que garantizase que las actuaciones de defensa de la libre competencia en Andalucí­a se desarrollen en consonancia con los principios comúnmente compartidos. Para que dicho proyecto goce de una mayor eficacia, UCE-Andalucí­a ha solicitado una mención explí­cita a la necesaria colaboración y cooperación de la Agencia con las entidades representativas de los consumidores y usuarios de Andalucí­a.

UCE-Andalucí­a también ha sugerido durante su comparecencia parlamentaria la previsión de un Consejo Asesor en el que, cuanto menos, deberí­an estar presentes los legí­timos representantes de empresarios, trabajadores y consumidores y usuarios y destaca el importante papel de estos agentes sociales.

Además de éstas y otras cuestiones la UCE-Andalucí­a considera imprescindible que la regulación que en Andalucí­a vaya a aprobarse en materia de defensa de la competencia debe sustentarse de forma fundamental en cinco principios básicos: la garantí­a de la seguridad jurí­dica de los operadores económicos, la independencia de la toma de decisiones, la transparencia y responsabilidad frente a la sociedad de los órganos administrativos encargados de la aplicación de la Ley, la eficacia en la lucha contra las conductas restrictivas de la competencia y búsqueda de la coherencia de todo el sistema y, en particular, de una adecuada imbricación de los distintos planos institucionales que interactúan en este terreno.