Dentro de este proyecto, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) se puso a disposición de los ciudadanos para, gratuitamente, analizar cuantos contratos fueran recibidos y asesorar a cada consumidor sobre la mejor decisión a tomar en función de cada caso. Asimismo, los contratos examinados han servido para que quede demostrado que la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de compraventa de vivienda es, por desgracia, una práctica habitual, siendo muy significativo el hecho de que sólo uno de esos contratos se pueda considerar equitativo y transparente y respete todos los derechos del consumidor sin disponer ninguna cláusula abusiva.

Del estudio realizado se desprende que cada contrato examinado contiene una media de 4,74 cláusulas o estipulaciones abusivas, siendo las más habituales las relacionadas con: la imposición de los costes de titulación al comprador, la subrogación a una hipoteca, la imprecisión en la fecha de entrega, la posibilidad de que el vendedor pueda hacer cambios en la vivienda, la exoneración de la empresa en caso de vicios en la construcción, la limitación al comprador del derecho a elegir notario y la carga al consumidor de los gastos del acceso a los suministros generales de la vivienda (agua, luz"¦).

Aunque hay que reconocer que los contratos examinados representan una pequeña muestra respecto del total nacional, sí­ es destacable que todos menos uno tengan alguna cláusula lesiva de los derechos del consumidor, lo que parece mostrar una clara tendencia. En vista de los datos, unidos a un informe técnico sobre cláusulas abusivas, se puede concluir que:

Es una práctica generalizada el incluir en los contratos de compraventa de vivienda cláusulas abusivas que perjudican o vulneran los derechos del consumidor.

Se observa un desconocimiento por parte de los consumidores de los derechos que les asisten en el momento de firmar estos contratos. Esta falta de información se pone de manifiesto tanto en cuanto a los derechos concretos que el consumidor puede exigir (aval de las cantidades anticipadas, derecho de elección de notario, derecho de elección de la forma de pago, etc.) como en lo relativo al proceso de compra y a las consecuencias de firmar o no las condiciones que se le proponen.

Es igualmente generalizado el desconocimiento del comprador de las ví­as de reclamación de que dispone, así­ como de las consecuencias de interponer una queja de cara a la negociación y al cierre de la operación.

A pesar de los avances legislativos y jurisprudenciales, se advierte una falta de plasmación y reflejo práctico de las medidas adoptadas para proteger los derechos del comprador de vivienda.

Se advierte una sensación de impunidad por parte de las empresas promotoras que sólo viene justificada por dos realidades: la dificultad de las actuaciones inspectoras para detectar las irregularidades que se cometen y la confianza de que el consumidor no impugnará dichas cláusulas a través de alguno de los medios de que dispone.

Por todo lo anterior, CECU considera necesario, además de un mayor control administrativo, una clarificación legislativa que finalice con la dispersión de pronunciamientos judiciales y, en consecuencia, con la incertidumbre del resultado de impugnar una determinada cláusula de la que dependa la reclamación del consumidor. Además también es prioritaria la realización de campañas de información que permitan al consumidor acceder de forma rápida y clara a información sobre los derechos que le asisten como comprador de vivienda, así­ como de las ví­as de reclamación de que dispone para hacerlos valer.

En este sentido, los interesados pueden consultar más información en la web de CECU: www.cecu.es.