La telefoní­a es el sector más denunciado por los consumidores, fundamentalmente por el cobro irregular de llamadas no realizadas y servicios no contratados.

Menos calidad, más irregularidades y un control casi inexistente por parte de los organismos competentes. Así­ valora la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucí­a (FACUA) la situación del sector de las telecomunicaciones tras cuatro años del inicio de la liberalización emprendida por el Gobierno, un proceso desarrollado de espaldas a los derechos y necesidades de los ciudadanos que se ha preocupado exclusivamente por la creación de un marco artificial de competencia.

La telefoní­a, que un año antes del comienzo de la liberalización ocupaba el décimo lugar en las denuncias de los usuarios, es hoy el sector más denunciado, fundamentalmente por el cobro irregular de llamadas no realizadas y servicios no contratados, lo que se agrava por los deficientes servicios de atención al cliente de las compañí­as.

La XVII Asamblea General de FACUA ha aprobado una resolución, en la que, bajo el tí­tulo El sector de las telecomunicaciones ¿liberalización o desregulación?, denuncia la situación de desprotección que padecen los usuarios españoles ante los abusos y fraudes de las compañí­as como consecuencia de la falta de regulación del sector, sólo adornado con leves pinceladas normativas que incluso en muchos casos vienen a dar pasos atrás, negando derechos antes reconocidos a los consumidores.

FACUA denuncia que el proceso liberalizador ha traí­do una bajada significativa y alarmante de los niveles de calidad en la atención al cliente, con un personal de escasa preparación técnica, un incremento del precio de las llamadas locales y las cuotas fijas (abono y alquiler de terminales), perjudicando fundamentalmente a los consumidores domésticos, así­ como una descontrolada publicidad agresiva y en muchas ocasiones engañosa.

A ello debe unirse la inseguridad existente en los procesos de contratación de los servicios, que han dado lugar incluso a conductas presuntamente delictivas, como la falsificación de firmas de usuarios. Una situación, denuncia FACUA, que nada tiene que ver con el panorama que prometió el Gobierno en 1998, que presentó la liberalización como sinónimo de bajada de tarifas y mejora en la calidad del servicio.

La Federación considera que la normativa vigente resulta escasa e insuficiente y conlleva remisiones continuas a futuros desarrollos reglamentarios. También resultan dispersas las administraciones competentes en la materia, con cuatro ministerios supuestamente implicados en la regulación y control del sector (Economí­a y Hacienda, Ciencia y Tecnologí­a, Presidencia y Sanidad y Consumo) junto a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Dispersión, denuncia, que afecta directamente al grado de implicación de dichas administraciones, que se inhiben en muchos casos ante las denuncias de los usuarios y las reivindicaciones de las asociaciones de consumidores.

FACUA advierte que el modelo liberalizador desarrollado por el Gobierno se sustenta en un marco artificial de competencia, sobre la base del alquiler de las lí­neas a los operadores y no en la creación de infraestructura y, por tanto, en la inversión como fórmula de un mejor servicio a los ciudadanos. Un modelo que ya está derivando en falta de inversión en determinadas zonas, que está reorientando los servicios de mejor y mayor calidad hacia las zonas geográficas y colectivos de usuarios más rentables económicamente.

Esto, advierte la Federación, está poniendo en grave riesgo el cumplimiento y garantí­a de las obligaciones de servicio público que se derivan del concepto de Servicio Universal de Telecomunicaciones: accesibilidad, calidad, igualdad de trato, no discriminación, continuidad del servicio, capacidad de adaptación a las necesidades de los usuarios, información transparente y suficiente de los servicios, precio asequible...