La Unión de Consumidores de España-UCE manifiesta su repulsa por afirmaciones públicas interesadas, generalizadoras y que, en lo que respecta a esta organización, faltan a la verdad, y que están tratando de arrojar un velo de sospecha sobre la actuación que, en defensa de los intereses de los afectados por el fraude filatélico, vienen desarrollando las organizaciones de consumidores representativas.

En tal sentido, las más de setenta oficinas territoriales de UCE distribuidas a lo largo y ancho del Estado, están atendiendo de forma absolutamente gratuita a cuantos afectados requieren su asesoramiento de forma personal, telefónica o a través de Internet, proporcionándoles incluso el modelo de denuncia que deben interponer ante las autoridades competentes para que se les tenga como perjudicados en el proceso, recogiéndoles su documentación e incorporándolos a las bases de datos de afectados conforme se les ha requerido desde el Instituto Nacional de Consumo.

En ningún caso, las organizaciones de UCE están exigiendo el pago de cuotas de socio, provisiones de fondos ni ningún otro tipo de gastos y sólo aquellos afectados que particularmente lo desean se asocian. Esto supone que todos los gastos administrativos, de gestión y de personal que está suponiendo la imprescindible ampliación de los servicios habituales de estas oficinas, están siendo soportados por nuestras organizaciones, a la espera de unas ayudas oficiales a la gestión administrativa que ya se estiman absolutamente insuficientes y que suponen una aportación ridí­cula para las entidades con mayor presencia territorial y mayor número de puntos de atención (en el caso de UCE apenas alcanza la cantidad de 1.000 euros por oficina y año, lo que no cubre el salario mensual de un técnico y mucho menos el equipo informático, gastos en servicios, material, etc.).

Hay que recordar que estas organizaciones de consumidores son entidades privadas, cuyos únicos ingresos, al margen de las subvenciones oficiales recibidas para programas finalistas y que deben ser aplicadas exclusivamente a los mismos, son las cuotas de sus socios, que son los que, en última instancia van a soportar el exceso de carga provocado por la derivación a las asociaciones de la atención a los afectados que en masa están acudiendo a las oficinas más próximas a sus domicilios.

Por todo ello, UCE pide que las afirmaciones generalizadoras sobre supuestos intereses en la captación de ingresos a través de los afectados sean realizadas con siglas, nombres y apellidos, al objeto de no perjudicar la imagen general de un movimiento largamente olvidado por los poderes públicos, que no ha recibido el reconocimiento como agente económico y social que demanda nuestra propia Constitución y su propia posición en el mercado y al que, ahora, se le imputa, en esas condiciones la responsabilidad de dar respuesta a una situación sin precedentes en la historia económica de nuestro paí­s.

En tal sentido, desde UCE se viene instando a las administraciones estatal y autonómicas a que las ayudas se adecuen a la realidad de las organizaciones, su implantación territorial, capacidad y coste real de su actuación y de los gastos que supone la representación procesal de los afectados a los que se les ha garantizado una asistencia gratuita, posiblemente inviable en los términos que a dí­a de hoy se manejan.