Durante once años, y como consecuencia de lo indicado en la Ley del Cable de 1995, los operadores de cable han cumplido con la obligación de transportar y hacer llegar a sus asociados la señal de todos los canales de televisión -nacionales, autonómicas y municipales- emitidos por ondas hertzianas terrenas, tanto mediante tecnologí­a analógica como digital.

Esta obligación ha servido para dar una difusión más amplia a aquellas cadenas que no no podí­an alcanzarla por sus propios métodos, al tiempo que sirve para fomentar el acceso a una nueva tecnologí­a de emisión, la de la televisión digital terrestre (TDT), cuya necesidad todaví­a no ha calado entre los ciudadanos pero que tiene una fecha fija de implantación obligatoria fijada por el gobierno: el año 2010, momento en el que finalizará la emisión en analógico.

Sin embargo, la situación actual puede modificarse de aceptarse la propuesta planteada recientemente por las distintas cadenas nacionales que, tras comenzar a emitir en noviembre pasado con la tecnologí­a TDT, se muestran contrarias a que sus señales continúen siendo transportadas gratuitamente por los operadores de cable o ADSL. Dicho de otro modo, de cumplirse la aspiración de las cadenas, los operadores deberí­an pagar por emitir canales a los que los ciudadanos pueden acceder en abierto y gratuitamente y, además, por dar cumplimiento a una obligación que les ha sido impuesta por Ley.

En el caso de que los operadores se negasen a satisfacer las exigencias de las cadenas de televisión y como consecuencia dejasen de emitir las señales de TDT, se afectarí­a seriamente el proceso de implantación del nuevo modelo de televisión. A principios de este año, más del 50% de los hogares que accedí­an a la TDT lo hací­an a través del cable y el ADSL. En concreto, de los 2,5 millones de hogares con acceso, 1,3 empleaban el cable y 250.000 el ADSL. De este modo, a estos usuarios se les está obligando a instalar otro decodificador en sus hogares para recibir la televisión digital, algo que no llevarán a cabo por considerar que ya que tienen una oferta televisiva suficiente.

En este contexto, ADECES defiende la necesidad de respetar el modelo implantado por la legislación vigente por entender que la TDT tiene carácter de servicio público y la difusión de su señal mediante el cable o el ADSL responde a la necesidad de desarrollar y consolidar una nueva tecnologí­a de emisión que, tal y como se ha señalado, tiene un plazo de cuatro años para su implantación obligatoria.

ADECES considera que la necesidad de favorecer la implantación de la TDT mediante su difusión a través del mayor número de medios posible constituye una realidad incuestionable que debe continuar manteniéndose al margen de cualquier otro interés.