En la reunión extraordinaria del Consejo Asesor de Salud, convocada por el consejero de Sanidad, señor Echániz, con el fin de presentar el Proyecto de Ley sobre Drogodependencias, la administración sanitaria contestó, a instancias de los sindicatos UGT y CC.OO., que dicho anteproyecto ya se estaba tramitando desde hací­a semanas en la Asamblea de Madrid y que incluso ya se habí­an marcado a los grupos parlamentarios las fechas del 4 y 11 de abril como lí­mite para presentar enmiendas parciales o a la totalidad.

El paso del proyecto a los grupos parlamentarios se habí­a realizado pues sin contar con los informes preceptivos del Consejo Económico y Social (CES), órgano compuesto por patronal, los sindicatos más representativos, y expertos en cada uno de los temas a tratar, y cuyo fin es emitir informes previos a cada proyecto de Ley, decreto, o cualquier otra norma reguladora antes de que sea remitida por el gobierno regional a la Asamblea de Madrid. De esta manera se logra la participación de los agentes sociales en cualquier norma sobre asuntos de interés económico o social como es el proyecto de drogodependencias.

CC.OO. y UGT rechazan tajantemente la decisión del señor Echániz de evadir el paso del Proyecto de Ley por el CES de la Comunidad de Madrid, ya que tal decisión evidencia una voluntad polí­tica de obviar a los órganos democráticos de participación social, ignorando la utilidad de su papel e impidiendo su competencia, que es la de emitir informe previo a la aprobación de cualquier proyecto de ley o decreto del Consejo de Gobierno sobre temas de carácter económico y social, para orientar a los grupos parlamentarios y al propio ejecutivo sobre la opinión de los agentes sociales sobre los temas aludidos.

De la misma manera, el hecho de convocar al Consejo Asesor de Salud para recabar asesoramiento sobre el texto del proyecto, cuando éste ya está en la Asamblea, hace inútil el papel de este consejo. Al mismo tiempo, la decisión de ignorar al Consejo Asesor de la Agencia Antidroga, creado para asesorar en temas especí­ficos sobre regulación de estas materias, viene a corroborar la voluntad de esta consejerí­a de cerrar las puertas a cualquier tipo de participación social, sea institucionalizada o no institucionalizada.