La actuación policial desarrollada en la provincia de Málaga, tras desmantelarse la cúpula de una red que operaba desde la Costa del Sol y que ha empleado, desde el año 2000 a más de 1000 personas, a través de 300 empresas , ha puesto de manifiesto la tremenda magnitud del fraude multimillonario cometido que puede haber alcanzado a más de 15.000 ví­ctimas, habiéndose obtenido unos beneficios estimados de más de 18 millones de euros.

En el desolador panorama que actualmente vive la sociedad española por la situación planteada por el caso del fraude piramidal de Fórum Filatélico y Afinsa, la aparición de este nuevo caso, vuelve a poner de manifiesto las tremendas carencias que presenta en la actualidad la sociedad española en su conjunto en la protección y defensa de los derechos y legí­timos intereses de los consumidores y usuarios.

Si bien, y como no podí­a ser de otra manera, valoramos positivamente la diligente actuación desarrollada por la Dirección General de la Policita en este denominada "Operación Trafalgar", hemos de lamentar, nuevamente, desde la Unión de Consumidores de España-UCE las tremendas carencias que en la actualidad presenta la administración de consumo que ni por si sola, en el caso concreto de la Dirección General de Consumo de la Consejerí­a de Gobernación de la Junta de Andalucí­a, ni conjuntamente con la necesaria labor de coordinación que deberí­a estar desarrollando el propio Ministerio de Sanidad y Consumo, son capaces de evitar, con los necesarios mecanismos de control e inspección que se pueda operar por tanto tiempo y con total impunidad contra los derechos económicos de miles de consumidores que reiteradamente, por un lado u otro son defraudados.

Las polí­ticas de consumo siguen con éste y anteriores gobiernos sin contar con la debida atención en desarrollos legislativos y dotaciones de recursos económicos y humanos como para evitar que este tipo de situaciones se sigan produciendo de forma tan reiterada. Las situaciones de alarma social que se están viviendo en los últimos tiempos en materia de consumo, deberí­an sin duda ya provocar una reflexión general sobra hasta qué punto las relaciones de consumo en el ámbito del mercado español gozan de las suficientes garantí­as y hasta qué punto, el conjunto de eslabones que debieran acometer estas tareas están a la altura de lo que ello requiere.