Asimismo, llegado el caso, UCE considerará incluso la personación ante las instancias judiciales pertinentes como acusación particular.

En estos momentos iniciales, desde la Unión de Consumidores se hace un llamamiento a los afectados para realizar el conveniente acopio de toda la documentación justificativa de las operaciones realizadas con las empresas intervenidas por la actuación judicial. Al objeto de estudiar su alcance, desde la Unión de Consumidores de España se arbitrarán los necesarios mecanismos de coordinación con la finalidad de realizar las actuaciones que correspondan de forma colectiva.

La situación creada pone de manifiesto la lamentable ausencia de regulación especí­fica sobre las empresas que operan en el ámbito de la inversión en bienes tangibles, reducida a la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, que la someten al exclusivo control de las autoridades administrativas de Consumo, sin posibilidad de intervención por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones, por no actuar en su ámbito competencial. Esta situación ha provocado la indefensión de muchos inversores, en reiteradas ocasiones denunciadas desde UCE, y cuya carencia serí­a de recibo subsanar en los momentos actuales en que el Congreso de los Diputados analiza la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, tal y como ya ha demandado públicamente esta organización de consumidores.

Estos hechos llevan a una reflexión demoledora, y es que, si están afectadas unas empresas que ofrecí­an una consolidada imagen de solvencia, que no podrí­a haber tras entidades de menor tamaño, que operan en el mismo sector de la intermediación en la inversión en bienes tangibles, y que se han caracterizado por agresivas campañas publicitarias para la captación de clientes. Son inversiones de alto riesgo, sobre las que se ha advertido reiteradamente por su peligrosidad, y que deben ser objeto de mayor tutela por las autoridades competentes en materia de consumo en los diferentes niveles territoriales y competenciales.

Lo acontecido supone un nuevo atentado a la confianza de los pequeños inversores españoles ante la fragilidad de un sistema normativo que a todas luces adolece de los instrumentos necesarios que garanticen la seguridad y la solvencia que deberí­an ofrecer las entidades que operan en el sector.