Mientras la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que da ví­a libre al establecimiento de un nuevo canon para los soportes digitales, continúa su trámite parlamentario, y ha pasado recientemente del Congreso al Senado, un amplio colectivo de asociaciones profesionales y entidades representativas de usuarios, empresas del sector de las tecnologí­as de la información, telecomunicaciones e Internet, se han reunido esta mañana en Madrid para reclamar mayor transparencia hacia el consumidor en este pago que encarece de forma indiscriminada los productos y servicios, y reafirmar su posición en contra del Canon Digital que perjudica el desarrollo de la Sociedad de la Información y a la competitividad de nuestra economí­a.

A fin de recabar nuevos apoyos entre entidades sociales y ciudadanos particulares, los firmantes de este comunicado han anunciado la puesta en marcha de la plataforma www.todoscontraelcanon.es, y planificado próximas convocatorias y actuaciones con los representantes de todos los grupos parlamentarios tanto en el Congreso como en el Senado.

En concreto, estas organizaciones manifiestan el rechazo a gravar los soportes, los equipos o redes y la tecnologí­a en general con cánones, cuyos beneficiarios sean un sector económico o una actividad de intermediación especí­ficos. Contraviene al interés general, ya que ello conlleva que cualquier colectivo ó sector que se vea afectado por un cambio tecnológico pueda reclamar un canon similar sobre la tecnologí­a que ha provocado este cambio, e impide el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

Internet propicia un cambio de modelo, con canales de distribución alternativos a los modelos tradicionales. Un canon no debe proteger un canal frente a otro, y la evolución al mundo digital desde el analógico debe permitir que la gestión de derechos pueda realizarse por otros métodos distintos al canon, una medida que no soluciona el problema de fondo y legitima, de alguna manera, la propia descarga ilegal de música u otros productos culturales. Sin duda debe cobrar por su trabajo quien tiene derecho a ello; deben pagar por un servicio quienes deben hacerlo, y conviene que todos utilicen las Nuevas Tecnologí­as.

Todos los elementos que intervienen en las TIC (soportes, equipos y redes de telecomunicaciones) sirven tanto para los contenidos que tienen derechos (copyright) como para los que están libres de ellos (copyleft, creative commons, etc.) y por tanto, si se grava de forma indiscriminada, se penaliza (en beneficio de unos pocos) a todos los usuarios. En este momento, además, la mayor parte de los contenidos que circulan por estos soportes no tienen derechos (i.e. voz, correo electrónico, navegación) o datos que, además, son de naturaleza privada.

Un canon introduce una múltiple imposición, ya que se pagan los derechos al comprar o adquirir el contenido, y se vuelve a pagar por el hecho de almacenarlo en un dispositivo, o de moverlo a través de una red de telecomunicaciones. El canon, como también se ha demostrado con el Canon Analógico, no erradica, en ningún caso, la piraterí­a o el top manta, y en algunos casos, incluso la incentiva, al incrementar el coste de los soportes, y propiciar que la compra de CDs, como otros servicios de Internet, sean deslocalizados a otros paí­ses que no tienen estos gravámenes.

Por todo ello, estas organizaciones firmantes reclaman una mayor transparencia hacia el consumidor en relación a los impuestos que actualmente se pagan en concepto de derechos de autor, no estando dispuestas a admitir la equiparación del usuario de tecnologí­as, que se ampara en el vigente derecho de cita, o en el derecho de copia privada, con aquellos que actúan al margen de la ley, y se lucran ilegí­timamente vendiendo contenidos de terceros.

En este sentido, las organizaciones firmantes vienen a denunciar cómo determinados agentes presionan públicamente, en los medios de comunicación, y a todos los grupos parlamentarios, pretendiendo que se regule a favor de gravar cánones a soportes, equipos, redes de telecomunicaciones o accesos a Internet, y consiguen criminalizar al usuario y proveedor de las nuevas tecnologí­as, de forma sistemática e indiscriminada, al equipararles con delitos como la piraterí­a o el top manta.

Así­, estos colectivos sociales expresan un total respeto por la propiedad privada, y por los derechos de los autores de contenidos cualquiera que sea su origen (texto, audio, video, fotografí­as, etc.), y su máxima disposición a mejorar la colaboración con las autoridades judiciales y policiales, dentro de la regulación que se establezca, con las administraciones públicas, para la resolución y el esclarecimiento de aquellas actividades delictivas que se puedan producir en torno al mal uso de las TIC, de forma y fondo debidamente armonizados con la legislación europea.

Resulta evidente que cada vez son más agentes los que aprovechan las caracterí­sticas que aportan las TIC para facilitar el acceso y la promoción de sus contenidos, y se entiende por ello que la industria de los contenidos está en proceso de adaptación a esta nueva realidad. Existe un número creciente de experiencias que demuestran que los usuarios de las TIC están dispuestos a pagar cuando se les ofrecen productos atractivos y novedosos, por lo que la industria y el sector de los contenidos tienen casos de éxito basados precisamente en el uso de las TIC. Adicionalmente, estas organizaciones piden un debate activo para la búsqueda de soluciones sostenibles, acordes al signo de los tiempos, en aras a la equiparación española a los parámetros de uso de las TIC, desarrollo de Internet e í­ndices de productividad con los paí­ses del entorno.

Organizaciones firmantes:

AEDOC (Asociación de Empresas de Documentación Digital)
Marí­a Rodrí­guez Losada

AETIC (Asoc. de Empresas de Electrónica, Tecnologí­as de la Información y Telecomunicaciones)
Jesús Banegas Núñez

AI (Asociación de Internautas)
Ví­ctor Domingo Prieto

AMI (Asociación de Música en Internet)
Santiago Ureta Domingo

ANEI (Asoc. Nacional de Empresas de Internet)
Miguel Errasti Argal

ASIMELEC (Asoc. Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones)
José Pérez

ATI ( Asociación de Técnicos de Informática)
Fernando Piera

ASTEL (Asoc. de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones)
Lionel Fernández

AUI (Asociación de Usuarios de Internet)
Miguel Pérez Subí­as

CEACCU (Confederación Española de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios)
Isabel Ávila

CECAP (Confederación Española de Centros de Formación y Academias Privadas)
Heliodoro Jiménez Peral

COMFIA-CC.OO. (Federación de Servicios Financieros y Administrativos de Comisiones Obreras)
Francisco González

FACUA-Consumidores en Acción
Francisco Sánchez Legrán