El problema se hizo visible cuando los trabajadores que atienden dicho centro observaron que entre la medicación que habitualmente se suministra a los menores, habí­a medicamentos expresamente destinados al tratamiento de la tuberculosis y a su profilaxis. Ante la falta de información desde la Conselleria, varios empleados se han sometido de forma particular a pruebas diagnósticas que en varios casos han dado positivo.

En la denuncia presentada, la CGT deja constancia de que esta situación es fruto de la continua desatención que realiza esta Conselleria ante la legislación en materia de prevención de riesgos laborales y de atención al menor. En marzo del 2005 los propios trabajadores del centro asesorados por la CGT solicitaron al Comité de Seguridad y Salud Laboral la exigencia de la realización de reconocimientos médicos especí­ficos para cada puesto de trabajo. En junio del 2005 solicitaron a la Conselleria y al Comité de Salud que cumplieran con sus obligaciones legales ante la inexistencia de la preceptiva Evaluación de Riesgos Laborales, la cual lleva implí­cita un reconocimiento médico especí­fico para todos los puestos de trabajo de dicho centro del que no se ha recibido respuesta alguna. Ante la pasividad de los hechos se remitieron al Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Burjassot solicitudes individuales de 23 trabajadores de dicho centro demandando la preceptiva Evaluación de Riesgos sin recibir contestación alguna.

La situación social y sanitaria se está agravando continuamente ante la falta de recursos que la Conselleria dedica a este y otros sectores. Los elevados gastos de la presentación de proyectos novedosos de intervención social contrastan con los escasos medios personales y materiales con los que se cuenta en programas supuestamente ya consolidados, como es el de la atención a los menores desamparados.

La población en menores necesitados de una atención especializada está creciendo continuamente, no sólo debido a la aparición de menores inmigrantes, sino también por el incremento continuo de nuevas patologí­as en la población atendida; menores con dificultades de conducta y/o con graves problemas psí­quicos. CGT calcula que actualmente existe una masificación sobre las plazas ofertadas en todos los centros de menores de dicha Conselleria que sobrepasa aproximadamente en un 40 % el número de plazas permitido.

Ya la pasada semana saltaba a los medios de comunicación las denuncias que desde Alicante presentaban tanto la fiscalí­a de siniestralidad laboral como la CGT contra la Dirección Territorial de Bienestar Social por presunto delito de dejación de funciones, abandono de menores y quebranto del deber de custodia. Al mismo tiempo el Sí­ndic de Greuges atendí­a la queja presentada por CGT contra la usurpación de puestos directivos que se explicarí­a por una presunta corrupción en la provisión de puestos de directivos y jefaturas de la Conselleria. Todo ello da una idea de los problemas generados en el seno de la Conselleria que dirige Alicia de Miguel.