Aunque UCA-UCE ha trasladado sus principales dudas e inquietudes (sustitución del concepto "aprovechamiento objetivo" por "edificabilidad residencial"; la posibilidad de excluir determinadas zonas de la obligación de reserva; etc.), la federación de consumidores con más presencia territorial en Andalucí­a considera que la nueva normativa no modifica el régimen legal aplicable a las viviendas protegidas construidas con anterioridad, ni amplí­a las limitaciones a los derechos de sus propietarios, ciñéndose a establecer necesarias medidas de control de legalidad que preserven la función social de las mismas.

Sevilla, 21 de febrero de 2006. Tras haber sido requerida por la Comisión de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Parlamento de Andalucí­a para expresar sus valoraciones al Proyecto de Ley que modifica la Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda protegida y el Suelo, UCA-UCE ha trasladado en una comparecencia celebrada esta mañana su preocupación por la celeridad con la que se han introducido las modificaciones en una norma de tan reciente promulgación.

De hecho, la Unión de Consumidores de Andalucí­a apuesta de forma incuestionable por una intervención de la Administración Pública que facilite la salida al mercado de viviendas y contribuya al enfriamiento del mercado inmobiliario. Un objetivo que sólo es posible desde el fomento de la vivienda protegida y a precio regulado en régimen de compra, alquiler o acceso diferido. Por ello, UCA-UCE ha trasladado a los representante parlamentarios la necesidad de que se garantice la reserva de, al menos, un 30 por ciento del aprovechamiento objetivo residencial para VPO.

Por otro lado, y en relación a la sustitución del concepto "aprovechamiento objetivo" por "edificabilidad residencial", UCA-UCE mantiene serie dudas en cuanto al impacto cuantitativo que la sustitución de un término por otro puede acarrear en el número de viviendas protegidas. De hecho, la federación de consumidores ha pedido que se aclare si la "edificabilidad residencial" se refiere o no a usos exclusivamente lucrativos.

Además, la Unión de Consumidores ha manifestado su inquietud por la posibilidad de excluir determinadas zonas de la obligación de reserva para viviendas protegidas. Esta actuación propicia el desarrollo de áreas de elite, libres de cualquier "contaminación social" que la promotora puede desplazar a otras zonas con la mera limitación genérica de mantener una distribución equilibrada de la ciudad que sólo serí­a comprensible si la totalidad del territorio urbano se viera afectado por igual.

Por último, existe una serie de medidas (derogar la obligación de acreditar la disponibilidad del terreno, sustituir el estudio de impacto comercial de contenido reglado por meros estudios de mercado o desdibujar la información obligatoria sobre el tipo de empleo que se generará) que parecen estar únicamente destinadas a dulcificar los requisitos para la implantación de nuevas grandes superficies. Por ello, y habida cuenta de su trascendencia, UCA-UCE ha trasladado al Parlamento Andaluz la necesidad de que se lleve a cabo un debate más sosegado con todos los agentes afectados ( y en el que aún no han intervenido los consumidores).

Trasladadas las pertinentes dudas e inquietudes, UCA-UCE quiere dejar claro (y así­ lo ha hecho esta mañana), que este Proyecto de Ley supone una firme iniciativa de acometer medidas que persigan el aseguramiento del derecho de los ciudadanos a una vivienda digna en unos momento en los que el mercado inmobiliario hace muy difí­cil el acceso a la propiedad ( e incluso el alquiler) en el mercado libre.