La OCU considera positivo que la Ley recoja, aunque de manera general, algunas de sus reivindicaciones defendidas con anterioridad:

El fomento de campañas educativas dirigidas a los ciudadanos sobre el uso racional de los medicamentos y la prevención de su abuso; el refuerzo del sistema de fármacovigilancia con el objetivo de incrementar la seguridad de los medicamentos que ya están en el mercado; el esfuerzo por mejorar la información de los prospectos para facilitar su comprensión adaptándose incluso a las necesidades especí­ficas de ciertos colectivos; el impulso de la exigencia de la receta médica como documento imprescindible para la seguridad del paciente; la promoción de sistemas de información de calidad periódica e independiente a los profesionales sanitarios así­ como el esfuerzo por asegurar la independencia de dichos profesionales frente a la industria farmacéutica.

La OCU también juzga como positivo la eliminación de iniciativas recogidas en anteriores versiones de la Ley, que no favorecí­an a los consumidores, como son:

La eliminación de la obligación del paciente de firmar la receta médica en ciertas sustituciones, lo que podrí­a asimilarse a una asunción de responsabilidad por parte del mismo; el mantenimiento del precio de los medicamentos en el envase que garantiza el derecho a la información, uno de los derechos básicos de los consumidores. Frente a versiones anteriores, donde no se mencionaba, se prohí­be la venta a distancia de medicamentos con receta y se abre la posibilidad a la regulación de la venta de medicamentos sin receta por Internet a través de las farmacias.

Por el contrario, otras reivindicaciones de la OCU no han sido recogidas en el Proyecto de Ley, lo que representa un perjuicio para los consumidores:

No se fomenta la prescripción por principio activo, defendido en innumerables ocasiones por la OCU. Se introduce la posibilidad de -denominaciones de fantasí­a- para los genéricos, lo que supone un apoyo a la polí­tica de marcas frente a la denominación por principio activo; la posibilidad de sustitución entre medicamentos bioequivalentes deberí­a ampliarse, ya que queda relegada a casos excepcionales; y finalmente, no se contempla el control previo de la publicidad de los -productos milagro-.

La OCU espera que, durante la tramitación en el parlamento de la Ley, los grupos parlamentarios introduzcan estas mejoras en el texto para garantizar el derecho de los consumidores a un uso seguro y racional de los medicamentos.