El 17 de enero se firmó el Acuerdo Marco para la Competitividad y la normalización de la cadena alimentaria cárnica (con aplicación en el periodo 2002-2004), cuyo objetivo era el de contribuir a normalizar la situación generada como consecuencia de la aparición en nuestro paí­s de animales afectados por la Encefalopatí­a Espongiforme Bovina. Participaron en dicho acuerdo representantes del sector productor de carne, de las industrias cárnicas, de las industrias transformadoras de harinas cárnicas, de la distribución comercial, e incluso de las plantas industriales con capacidad para la destrucción de harinas cárnicas.

Uno de los puntos que se recogen en dicho Acuerdo Marco es el de la necesidad de garantizar que la retirada, transporte, gestión y, en su caso, eliminación de los subproductos cárnicos y de los residuos MER se realiza correctamente, manteniendo las medidas de seguridad alimentaria. La necesidad de control de estas actividades ha llevado al Ministerio de Agricultura a la publicación de la Orden 67/2002 por la que se establecen sistemas de control del destino de los subproductos generados en la cadena alimentaria cárnica. Estas actuaciones están generando un notable incremento de los costes, puesto que antes de la aparición de la denominada "crisis de las vacas locas" el precio alcanzado en los mercados por parte de las harinas cárnicas era suficiente como para compensar el coste de su obtención. En la actualidad, una vez finalizado el periodo transitorio de financiación pública, estos costes adicionales se están trasladando al consumidor ví­a incremento de los precios. Sin embargo, este sistema es rechazado, por considerarse muy complejo, por parte del sector productor y por algunas organizaciones de consumidores.

El hecho de que los compromisos de los distintos operadores de la cadena alimentaria sean voluntarios podrí­a estar ya generando problemas de gestión de los subproductos cárnicos. Por ello, Ecologistas en Acción ha solicitado información acerca de los controles que la Consejerí­a de Medio Ambiente piensa establecer para garantizar que este tipo de residuos recibe el tratamiento más adecuado y no se desví­an de forma indiscriminada al vertedero. A este respecto, Ecologistas en Acción reitera la conveniencia de estudiar alternativas de tratamiento de las harinas cárnicas distintas a la incineración o el vertido, como por ejemplo el compostaje, que permitirí­a el aprovechamiento de los nutrientes contenidos en las harinas como abono agrí­cola, sin los riesgos ambientales asociados a la incineración y al vertido. Esta opción ha sido también la propuesta por entidades como la Sociedad Española de Agricultura Biológica o el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).

Por otra parte, la reciente aprobación del Real Decreto 1481/2001 del Ministerio de Medio Ambiente por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero supone la asunción por parte de las distintas administraciones con competencia en la materia del compromiso de promover la reducción progresiva de los residuos biodegradables destinados al vertedero, siendo el primer objetivo a alcanzar el de que, como fecha lí­mite, en julio de 2006, los residuos urbanos biodegradables destinados a este tipo de instalaciones no superaren el 75% de la cantidad total de este tipo de residuos generados en 1995. Por ello, Ecologistas en Acción reclama la adopción de medidas de control que aseguren que no se destinan a vertedero materias que, como los subproductos cárnicos y las harinas que se obtienen a partir de ellos, tienen alternativas de gestión más respetuosas con el medio ambiente.