Recientemente ha reaparecido en prensa el caso de la esterilización de una persona con sí­ndrome de Down de 19 años, en el que dos médicos titulares del Hospital Clí­nico de Madrid fueron condenados en 1997 por la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de la denuncia presentada por el padre de A.M. de la P. que estaba en total desacuerdo con dicha intervención. Los médicos recurrieron al Tribunal Supremo que es quien en este momento ha concedido la absolución por entender que los facultativos no conocí­an los requisitos que contempla el Código Penal.

Con todas las cautelas necesarias, la Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Retraso Mental (FEAPS), se ve en la obligación de manifestar que el Código Penal contempla una serie de garantí­as para controlar la práctica de esterilización de aquellas personas que tienen una discapacidad psí­quica. En este caso A.M. de la P. fue intervenida sin que mediara autorización del juez.

FEAPS entiende que debe tenerse en cuenta la decisión judicial porque es la que determina la existencia de unas garantí­as que puedan evitar intervenciones innecesarias o que atenten directamente contra la propia persona con retraso mental.