INTERVENCIONISTA, RESTRICTIVA E INTIMIDATORIA FRENTE A USUARIOS Y EMPRESAS.

Después de embarcar en su elaboración a los ministerios de Ciencia y Tecnologí­a, Justicia, Sanidad y Consumo y Economí­a, y tras tratar de
escenificar un diálogo que nunca ha existido con todos los sectores y grupos interesados, el Ejecutivo saca a la luz un proyecto restrictivo, autoritario, ya obsoleto antes de convertirse en ley y que nace de espaldas a los intereses de los usuarios particulares y de las empresas que tienen en Internet su mejor canal de comunicación o de negocio.

La razón esgrimida de que con la nueva legislación sólo podrá ser un juez el que decida cerrar un "sitio" en Internet sirve de coartada al Gobierno para ocultar sus verdaderas intenciones. Sigue siendo la Administración quien podrá pedir a la Justicia que clausure una "web", pese a que el eslabón último de la cadena quede en manos de los jueces. Esto otorga a la autoridad administrativa nuevas armas y una patente de corso para controlar a los proveedores de servicios y a los particulares (cierre de sitios web sin intervención judicial motivada), dilatando las resoluciones eternamente y sobrecargando a la Justicia.

Exposición de motivos:

1º.- El gobierno no ha tenido en cuenta para nada (al igual que está sucediendo con el resto de leyes que está aprobando en solitario y aplicando el rodillo de su mayorí­a absoluta -véanse casos como la LOU o el Proyecto de Calidad en la Enseñanza-) la opinión de las asociaciones de internautas (salvando alguna que ya no se representa ni a si misma), de los propios internautas y de empresas afectadas.

2º.- Como continuación del punto anterior cabe preguntarnos ¿si el gobierno se quiere convertir en salvaguarda de la moralidad y del comercio en la Red Internet ante la comunidad internauta, por qué denomina a este proyecto de ley como Ley Internet? La Plataforma Internauta entiende que el único afán que ha movido al gobierno en el desarrollo de esta ley es el de tratar a toda costa de controlar todo lo que se mueva (véanse los ejemplos de medios de comunicación, los cuales, quiere controlar como sea) dentro de la Red y que pudiese resultarle, digamos, incómodo.

A partir de esta ley, consideramos que la información ya ni es libre ni gratis. Por otro lado ¿será consciente el gobierno de la cantidad de pequeñas y medianas empresas que, ante la LSSICE, tendrán que verse abocadas a su cierre? ¿alcanzará a comprender el gobierno que los nuevos emprendedores que quisieran invertir e implantarse en la Red se lo tendrán que replantear muy seriamente ¿podrá entender el gobierno que con esta ley la creación de empleo no solamente va a disminuir de una manera muy importante sino que, por el contrario, generará desempleo? Mucho nos tenemos que no (porque si son conscientes de ello, todo esto resulta todaví­a mucho más grave y preocupante)

3.- La Plataforma Internauta quiere dejar bien clarificado que no coincide, para nada, con esa minorí­a que, sin representar a nadie, se autoproclama defensora de toda la comunidad internauta y que, por tanto, se congratula de la aprobación de la LSSICE.

4º.- La Plataforma Internauta considera que si el gobierno ha considerado que con la aprobación de esta ley el usuario ya puede sentirse seguro en la Red y la evolución tecnológica en España nos va a hacer pasar de la cola a la cabeza, éste usuario lo va a tener muy crudo. La solución no pasa, a juicio de la PI, por implantar leyes reguladoras de Internet plasmadas en papel, sino fomentando e implementando recursos para su mejora. Ahora mismo, y con este proyecto de ley, está en juego, ni más ni menos, que la libertad de expresión y la expansión de la pequeña y mediana empresa (generadora de empleo, naturalmente)

5º,.- Consideramos que el derecho de acceso, constituye el concepto clave que permitirá resolver los problemas a los que nos referimos y que su garantí­a, junto con otros derechos y libertades de los cibernautas, debe orientar la actividad de las administraciones públicas. Si de verdad hace falta una ley, que se desarrolle una que garantice el acceso para poder ser ciudadanos del siglo XXI, vivamos donde vivamos y sea cual sea cual sea nuestro poder adquisitivo. El acceso deberí­a estar garantizado por algún organismo creado al efecto (Comisión de Calidad), el cual, además de las organizaciones de consumidores, pueda garantizar que todo ciudadano tenga acceso y calidad en el mismo. Así­ mismo, este organismo, deberá vigilar a las Operadoras en los servicios que prestan, sus precios, sus inversiones en infraestructuras y sus respectivos soportes técnicos a sus usuarios. La composición de este organismo que proponemos deberá estar consensuado por asociaciones, empresas y por la propia comunidad internauta.
En definitiva: reclamamos la implantación de las Telecomunicaciones y las Nuevas Tecnologí­as como eje de una coherente Acción Social. El gobierno debe facilitar todos los medios necesarios a la sociedad a través de las Telecomunicaciones y las Nuevas Tecnologí­as.

6º.- La Plataforma Internauta concibe el derecho de acceso como un derecho básico de todo ciudadano del siglo XXI; son las infraestructuras y los servicios que nos permitirán desarrollarnos laboralmente, intelectualmente, económicamente y, no menos importante, disfrutar de nuestro ocio y de nuestras relaciones. Un derecho de todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia y de su nivel de renta para acceder a la sociedad de la información. Un derecho para poder desarrollar con plena autonomí­a nuestros proyectos individuales, cooperativos o empresariales. Pero todo ello necesita del desarrollo de las infraestructuras y de una polí­tica que apueste por un sector de futuro ya presente, algo que, lamentablemente, no está implantando este gobierno; más bien todo lo contrario, se preocupa más en obstaculizar que en avanzar.

7º.- El comercio y los servicios deben ser accesibles a todos los ciudadanos disfrutando de las mismas ventajas, tanto de costes como de operatividad.

Contemplado todo esto, el acceso a los servicios no debe ser cuestionado localmente puesto que Internet ofrece accesos globales (desde cualquier paí­s) al que el ciudadano debe acceder independientemente de donde viva: centro o periferia, ciudad o pequeño municipio, bien sean zonas de fuerte concentración urbana o parcelas rurales aisladas.

8º.- El proyecto de la LSSICE atenta contra la libertad de los ciudadanos en Internet y nos plantea serias dudas respecto a la constitucionalidad de muchos de sus artí­culos. En la medida en que se regula el derecho de información, la Ley deberí­a ser orgánica, como ha puesto de manifiesto el vocal del CGPJ Alfons López Tena. Y en la medida que la autoridad administrativa puede suspender cautelarmente informaciones publicadas en Internet, se vulnera el artí­culo 20 de la Constitución (esto último, fuente propia de Kriptópolis, y con la cual coincidimos completamente)

Debemos apelar a la responsabilidad pedagógica de la sociedad y las administraciones. El desconocimiento de polí­ticos, periodistas, representantes institucionales y legisladores sobre nuevas tecnologí­as es alarmante. Reclamamos Internet y buzón de correo electrónico para todas y todos los funcionarios públicos, tanto de la administración central como de comunidades autónomas y local, para que, de esta manera, se pueda comunicar directamente el ciudadano por este medio e interesarse, de una manera mucho más rápida y eficaz, por sus trámites administrativos. Los internautas españoles, un número cada vez mayor de la ciudadaní­a, tenemos un área de actuación internacional. Tanto pequeñas empresas como usuarios que buscan la excelencia de los servicios, necesitan competir, nutrirse, informarse y desarrollarse en lugares de todo el mundo donde ya disponen de infraestructuras avanzadas y donde se están implantando las nuevas con total normalidad, homogeneidad y libertad. Un gobierno que apueste realmente por esto jamás deberí­a de poner tales trabas a este desarrollo como las que entraña la LSSICE.

9º.- La Plataforma Internauta siempre va a estar en contra de cualquier tipo de involucionismo que se quiera llevar a efecto en Internet (como, para nosotros, implica la LSSICE)

10ª.- La Plataforma Internauta vuelve a recordarle al gobierno que éste tiene pendiente la mejora de la calidad en la Red, el acceso universal y asequible -Tarifa Plana Real de 24 horas y por RTB- y la ayuda, de una vez por todas, al medio rural actualizando, mediante las partidas presupuestarias habilitadas al efecto, la tecnologí­a necesaria para dotar a estas personas de un adecuado e igual acceso que el resto de la ciudadaní­a española a la Red.

Fernando Rubí­n, presidente de la Plataforma Internauta.