Los afectados por salmonelosis por el consumo de pollo asado contaminado (marcas "Pimpollo" y "Pollo Asado SADA") podrán presentar una demanda de responsabilidad civil contra la empresa por los daños causados, según explican los servicios jurí­dicos de CEACCU. Para ello es necesario acreditar tanto la "relación de causalidad" (que efectivamente se consumió el producto y que éste fue causante del daño que se reclama: mediante el envase, el tí­quet de compra, u otro documento equivalente) como el daño originado, por medio del correspondiente Informe médico.

Hay que tener en cuenta que la responsabilidad civil podrá variar en función de las lesiones causadas o los dí­as de baja producidos; con independencia de la posibilidad de reclamar por otros perjuicios derivados siempre que sean demostrables, como vacaciones ya contratadas que se hayan perdido.

Respecto a los eventuales acuerdos que el "Grupo Sada" proponga a los afectados, CEACCU considera que puede ser una opción válida para el consumidor siempre que éste se asesore primero. CEACCU recuerda que la primera solución ofrecida por la empresa consistente en reembolsar simplemente el importe del producto previa su entrega no era la más leal con los derechos de los usuarios.

Respecto al desarrollo de esta alerta, CEACCU considera que en casos como éste -donde han sido múltiples las Comunidades Autónomas afectadas- demuestran la importancia de la existencia de un organismo de control y coordinación como es la Agencia de Seguridad Alimentaria, asegurando una rápida retirada del producto del mercado.

Sin embargo, en la medida en que no ha podido asegurarse que aquellos productos previamente adquiridos dejaran de consumirse, debemos considerar que la información al consumidor es mejorable. De hecho, ya CEACCU criticó el lenguaje ambiguo usado por la empresa en sus anuncios en prensa del pasado domingo, cuando invitaba a devolver los pollos por un problema "de calidad", sin hacer ninguna referencia al peligro que supondrí­a su consumo.

En este sentido, CEACCU está elaborando un "protocolo de comunicación al consumidor" en caso de alertas que presentará ante el Consejo de Dirección de la AESA, sobre la base de una información más clara y eficaz y una estrategia más activa en la que se cuente con las posibilidades de difusión de ayuntamientos, medios de comunicación públicos y asociaciones de consumidores.