El pasado mes de abril, el Tribunal de Defensa de la Competencia dictó una sentencia que obligaba a las entidades financieras a rebajar las comisiones que cobran a los comerciantes cada vez que en su establecimiento se paga con tarjeta. Esta sentencia no es caprichosa, pues obliga a los bancos y cajas a ajustar esas comisiones al coste real del servicio que prestan.

La reacción por parte de los afectados no se ha hecho esperar, y ya se anuncia que esta bajada de la tasa de intercambio será repercutida directamente en comerciantes y consumidores, lo que provocará, de una parte, un aumento del precio de la mayorí­a de los productos puestos a la venta en nuestro mercado, ya que esos comerciantes repercutirán a su vez la subida a los consumidores y, de otra, un aumento también en la cuantí­a o el número, ya de por sí­ elevado, de las comisiones que los bancos cobran a sus clientes. De una manera u otra, el consumidor, como sucede habitualmente, es el gran perjudicado. Además, parece que van a subir los costes de la emisión y mantenimientos de la tarjeta, es decir, que la subida será independiente del uso que hagamos de ella.

Hemos de recordar que, aunque el consumidor español tiene unos gastos derivados de comisiones bancarias que están en la media (108 € al año), en el último ejercicio la cantidad que pagamos al banco por sus servicios en forma de comisiones subió un 16% con respecto al 2003, y la tendencia es que siga subiendo.

Algunas voces han asegurado que esta medida favorecerá al consumidor pues, al bajar las comisiones que pagan los comerciantes bajarán los precios. Pero en ningún caso creemos que esa rebaja se vaya a repercutir a favor de los consumidores, por lo que pagaremos lo mismo en los comercios y más en los bancos.

Desde UCE-España mostramos nuestra más firme oposición a que el consumidor siga pagando por los abusos que cometen otros, en este caso, las entidades financieras sobre los comerciantes. Que empresas que presentan unas cuentas de beneficios anuales de miles de millones pretendan seguir aumentándolas a costa de nosotros es absolutamente criticable, máxime cuando lo que se pretende con esta sentencia es que ajusten lo que cobran al coste real del servicio.

Por tanto, instamos a las entidades afectadas por esta sentencia a que reconsideren su postura inicial y asuman el contenido de la sentencia, evitando así­ trasladar el abuso condenado en la misma al agente más débil del mercado que es siempre el consumidor.