Como viene siendo habitual, lo más cómodo es establecer una medida claramente recaudatoria y punitiva para quienes no tienen posibilidad de -negociar- el precio de la energí­a. Con esta medida se obliga a los 13 millones de familias a apretarse el cinturón mientras los grandes consumidores y la Administración derrochan alegremente.

Es injusto, para la OCU, establecer, de golpe este tipo de medidas penalizadoras sin que los consumidores tengan oportunidad de reaccionar y tomar medidas para reducir su consumo, medida ésta que no se pueden tomar de la noche a la mañana.

Además, como también viene siendo habitual, estas medidas se anuncian sin que los representantes de los consumidores tengan conocimiento de ellas y en un foro organizado por la Industria.

Los consumidores españoles tienen las tarifas eléctricas por encima de la media europea, un 38% más caras que el paí­s más barato, el Reino Unido, según el último estudio de la OCU, de mayo de 2004. Además es conocido que el usuario doméstico paga la electricidad más cara que las grandes empresas (que son, precisamente, los grandes devoradores de energí­a) Hay tarifas para los grandes consumidores tan reducidas que resultan inferiores al precio de coste con los que los consumidores terminan subvencionando la electricidad de los grandes.

Lamentablemente, la OCU, como todos los consumidores, asiste con impotencia a cómo la implacable codicia de las compañí­as eléctricas encuentra acogida en las decisiones de un Ministerio que, cada vez más, da la espalda a sus intereses.

Porque la OCU, que viene pidiendo un plan energético racional y coherente desde hace años:

Parte del hecho de que los usuarios domésticos no consumen energí­a por capricho sino por necesidad.

Acepta una tarificación en bloques de consumo, pero que afecte a todos los sectores por igual y no en el sentido discrimintario de esta medida, que castiga al usuario doméstico y potencia el despilfarro de los grandes consumidores.

Insiste, una vez más, en la necesidad de este tipo de medidas que, dentro de lo racional, sólo se pueden aceptar si van acompañadas de otras complementarias como el fomento del parque de aparatos más eficaces (de clase A o A+), con ayudas para la sustitución de aparatos menos eficaces para las economí­as más débiles, las campañas de concienciación de los usuarios, el control de los grandes consumidores y el buen ejemplo de la Administración. Medidas, todas ellas, ya reclamadas por la OCU reiteradamente.

Considera urgente la verdadera liberalización del servicio eléctrico con la potenciación de una competencia real que permita a los usuarios actuar sobre el mercado.

Considera que la situación actual de falta de garantí­a del suministro eléctrico se deriva de una polí­tica de inversiones equivocada, que no ha tenido en cuenta el incremento de la demanda.

No puede aceptar que, una vez más, se culpabilice a los usuarios domésticos de un problema causado, principalmente, por otros que, además, se van a ver reforzados por las medidas anunciadas.