La Unión de Consumidores de España-UCE ha trasladado a la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones del Ministerio de Economí­a y Hacienda su petición de reforma de la Ley del Contrato de Seguro de 1980, ante las carencias que presenta para atender a las necesidades de una Sociedad que ha cambiado profundamente en los últimos veinticinco años.

Con independencia de que la norma ha podido quedar superada por la propia evolución de los mercados y las relaciones mercantiles, la principal preocupación de UCE ha sido la de mejorar la situación legislativa del usuario final del seguro, tal y como lo define la Ley 26/84 de 19 de julio, General de la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ya que la Ley del Contrato de Seguro (LCS) es anterior en cuatro años a dicha norma.

Esto tiene una gran importancia desde la óptica de los usuarios finales, por cuanto la perspectiva generalista con la que se plantea la regulación actual del contrato de seguro no da cabida a la especial protección que requiere dicho usuario final como parte más débil de la relación contractual. Tanto el texto constitucional como la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios prevén una protección diferenciada de la que prevé la regulación ordinaria para las relaciones mercantiles o civiles. Por ilustrarlo con un ejemplo, no resulta muy lógico que se regule en los mismos términos contractuales el seguro de un vehí­culo particular suscrito por un conductor-usuario final del mismo, que el que podrí­a contratar una gran empresa para su flota de vehí­culos de transportes.

La actual legislación hace imposible diferenciar al usuario final y dotarlo de la protección especí­fica, reforzada y más eficaz, que prevén tanto el texto constitucional como la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, probablemente por ser anterior en cuatro años a ésta última, lo que ha obligado a la jurisprudencia a hacer una interpretación integradora de ambas normas que no serí­a necesaria si se abordase una regulación especí­fica y adecuada a los principios sobre protección de los consumidores y usuarios consolidados en nuestro ordenamiento a lo largo de los últimos 25 años.

Por otra parte, también está claro que las nuevas modalidades de productos aseguratorios y las nuevas fórmulas de contratación, especialmente la electrónica, han generado una nueva casuí­stica de detalles relevantes para la relación contractual que merecen ser tratadas de forma expresa en la regulación legal especí­fica del contrato de seguro, lo que constituye un aliciente más para la revisión, renovación y actualización de la Ley del Contrato de Seguro.