Si hay algo que valoran todos los ciudadanos como algo propio, como cuestión esencial para la calidad de vida de las personas, es la sanidad. Si hay algo que suscita el máximo acuerdo entre los ciudadanos, es la necesidad de garantizar la salud de todos mediante un sistema sanitario público, universal, gratuito y de calidad. Si hay un aspecto central en la arquitectura del sistema sanitario en nuestro paí­s y en nuestra Comunidad, es la confianza entre paciente y médico. Todo ello ha sido puesto en cuestión con la crisis provocada por la Consejerí­a de Sanidad con su actuación irresponsable y temeraria en el Hospital Severo Ochoa.

Una actuación que se ha caracterizado por dar absoluta credibilidad a una denuncia anónima, no aportar datos que lo justificasen, acusar de graves delitos sin pruebas y sin posibilidades de defensa de los acusados, quebrando el principio de presunción de inocencia, y poner el solfa la profesionalidad de los trabajadores sanitarios, atropellando los más elementales derechos laborales. Se ha provocado un debate público sensacionalista que "coloca en la picota" a los profesionales sanitarios y no respeta a los pacientes, llegándose a publicar hasta sus datos clí­nicos, cercenando el principio de privacidad de los mismos.

Las consecuencias de tal proceder se miden en una alarma social que no deja de crecer, en la sanidad madrileña y que gracias al Sr. Consejero Lamela, se extiende a toda España. El mantenimiento de la crisis y el temor de los ciudadanos que nunca se habí­an enfrentado a una situación tan paradójica como la que vivimos, en la que un Consejero de Sanidad se empeña en demostrar la falta de profesionalidad de los sanitarios y el incorrecto funcionamiento de un servicio público del que es su máximo responsable, está acarreando un gran daño a la sanidad pública y una gran contribución al intento de justificación de los procesos de privatización que pretende llevar a cabo el gobierno regional. A todo esto, se añade la inseguridad e incertidumbre en la que se encuentran en estos momentos los profesionales sanitarios singularmente en la prestación de los cuidados paliativos.

El gobierno regional consintiendo el inicio de la crisis y alimentándola después, ha roto el consenso social existente y ha puesto la diana en los aspectos más sensibles y no cuestionados de nuestra asistencia sanitaria, cuáles son la relación médico-paciente, el acierto en el diagnóstico y el rigor en el tratamiento.

Todo ello en detrimento de las soluciones para los problemas reales que padece la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid y que son ampliamente sentidos por sus ciudadanos.

La Comunidad de Madrid recibió con el traspaso de competencias en materia sanitaria un sistema infradotado presupuestariamente y mal organizado, los años transcurridos no han servido para mejorar la situación, sino bien al contrario, la LOSCAM, el maquillaje de las listas de espera, y las últimas decisiones privatizadoras a través del procedimiento de concesión administrativa para la construcción y gestión de los nuevos hospitales, configuran una realidad sanitaria que ha encendido todas las luces de alarma, hasta el punto de convertirse en una prioridad polí­tica nacional.

Lo sucedido en torno al Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa ha descubierto la verdadera situación de masificación y de insuficiencia de camas hospitalarias y recursos sociosanitarios para hacer frente en condiciones óptimas a las necesidades de su población. Unos déficits que son comunes a todos los hospitales públicos madrileños y que también reflejan las carencias en la atención primaria y especializada no hospitalaria. Las listas de espera son moneda de uso corriente, existen para el especialista, para las pruebas diagnósticas y para las intervenciones quirúrgicas, no se escapa ya ni la atención primaria. Y lo más insoportable y vergonzoso, la existencia de listas cerradas que ocultan la espera.

Y si a pesar de padecer las esperas, las incomodidades y una organización y gestión sanitaria deficiente y a veces poco respetuosa con las personas, los madrileños y las madrileñas confí­an en su sistema sanitario público y hay una amplia coincidencia en la buena valoración del mismo es por la profesionalidad de sus trabajadores y trabajadoras y por la buena salud de la confianza entre el paciente y el médico. Justamente lo que la actuación irresponsable y temeraria del gobierno regional está deteriorando.

Esta situación de crisis que está desangrando nuestro sistema sanitario público debe tener una salida urgente y es a la Presidenta del Gobierno Regional a quien corresponde poner las bases de la misma.

Para restaurar la buena imagen de la sanidad pública y de sus profesionales y para recuperar la confianza de la ciudadaní­a en sus instituciones sanitarias y en sus facultativos, exigimos al Gobierno Regional:

1.- Retrotraer la situación del Hospital Severo Ochoa al inicio de los acontecimientos y restituir la honorabilidad de sus profesionales.

2.- Conocer toda la verdad sobre lo sucedido, investigando los hechos en todas sus derivaciones y orí­genes; incluyendo todo lo relacionado con la vulneración de la presunción de inocencia y de la confidencialidad exigible en relación con las historias clí­nicas y los datos de los pacientes que han circulado por algunos medios de comunicación.

3.- Cesar al Consejero de Sanidad, Sr. Lamela, porque su incompetente e irresponsable actuación le inhabilita para el ejercicio de esa importantí­sima responsabilidad pública. Es imposible conocer lo ocurrido mientras siga al frente de la Consejerí­a con su actuación autoritaria que impide la constitución de Comisiones de Investigación Independientes.

Las madrileñas y los madrileños tenemos derecho a que se restaure la confianza entre paciente y médicos y personal sanitario; lo que sólo será posible mediante una rectificación polí­tica y la asunción de responsabilidades.

Los profesionales de la salud tenemos derecho a seguir desempeñando nuestro trabajo en condiciones de seguridad y manteniendo como siempre como única prioridad la mejor atención y asistencia al paciente.

Todos juntos exigimos la inversión pública suficiente, las dotaciones de instalaciones, equipamientos y personal sanitario necesarios y una organización y gestión del sistema sanitario eficiente y responsable. Y sobre todo, en la Sanidad Pública y la defensa inequí­voca de la dignidad de los trabajadores y trabajadoras sanitarios; para así­ lograr avanzar en la calidad y prestación del servicio sanitario público.