En este contexto, el pasado 26 de marzo se cumplió el primer año de la puesta en marcha de la nueva Ley de Arbitraje en nuestro paí­s, Desde ACAM, Asociación Comunitaria de Arbitraje y Mediación, su director ejecutivo Ignacio de Górgolas es consciente que la nueva Ley es buena, conveniente y de fácil aplicación. "Estamos convencidos que con el apoyo de los poderes públicos el arbitraje como sistema de resolución de conflictos tendrá un crecimiento exponencial notable y tanta aceptación como los juicios rápidos. Serí­a bueno un esfuerzo divulgativo por parte de la Administración de cara a que el ciudadano conociera que existe una alternativa válida al proceso judicial habitual".

Desde esta entidad, los avances de la nueva Ley de Arbitraje consisten en la eliminación de la burocracia administrativa del procedimiento arbitral. El nuevo texto legislativo suprime la obligatoriedad de la protocolización del laudo protocolización con el consiguiente ahorro de costes y tiempo Antes el arbitro firmaba delante del notario y recogí­a luego el citado laudo. Otro avance está en la posibilidad del arbitro de utilizar medidas cautelares en el procedimiento arbitral lo que supone que se puedan garantizar aún mas la ejecutividad del laudo. Un arbitro con la ayuda del juez puede embargar preventivamente un activo mientras se delibera sobre el procedimiento arbitral. En caso de darse la razón al demandante se ejecutara el citado embargo. Por último, la nueva Ley ofrece mayor seguridad jurí­dica al regular el funcionamiento de las Cortes Arbitrales, antes no muy claro. Esto ha hecho que diferentes Cortes Arbitrales hayan desaparecido, en este nuevo marco jurí­dico.

Para el director ejecutivo de ACAM, es fundamental en el desarrollo de la llamada justicia alternativa que el empresario perciba que el arbitraje no es privativo de grandes empresas y desembolsos económicos notables. "Todo lo contrario, por rapidez y ahorro de costes- señala Górgolas -, puede garantizar la supervivencia de muchas empresas que, metidas en litigios interminables, podrí­an tener dificultades económicas. Con la nueva Ley de Arbitraje se simplifican muchos los trámites para la puesta en marcha, desarrollo y ejecución del proceso arbitral garantizando los principios de audiencia, contradicción e igualdad de las partes.

Desde el pasado 1 de abril ACAM, ha puesto en marcha, con notable éxito, en colaboración con la Universidad de Nebrija y el Derecho Editores el I Curso de Formación de Arbitros que concluye el 4 de junio. Un programa formativo de 60 horas que pretende formar a directivos y abogados en lo que es la figura del árbitro. Profesionales como José Manuel Suárez Robledano, Magistrado de la Audiencia Nacional, Antonio Maria Lorca Navarrete, Catedrático de Derecho Procesal y presidente de la Corte Vasca de Arbitraje; Jose Luis Roca, Secretario de la Corte de Española de Arbitraje , Jose Luis Cabello, asesor jurí­dico de CESCE, Jose Luis Alonso Iglesias, Tesorero de Hispajuris y Consejero de Metrovacesa; Salvador Torres Escames, Notario de Almerí­a; Rafael Gómez-Ferrer Sapiña, Notario de Valencia, Kiko Carrion Garcia de Prada, abogado de Lupicinio-Eversheds; Gustavo Samayoa, Arbitro del Consorcio de Transporte de la Comunidad de Madrid y abogado de FUCI y Juan José Rodrí­guez, vocal de la junta de ACAM y socio del despacho IURIS JUSTITIA CREDITOR forman el cuadro docente

Desde esta asociación, se considera también necesario para lograr la llamada cultura del arbitraje en nuestro pais, como ya sucede en otras naciones europeas, que se combine simultáneamente el consenso general entre todas las fuerzas polí­ticas y sociales con una campaña divulgativa de la administración sobre los fines del arbitraje. "El empresario tiene que conocer el arbitraje, su uso y funcionamiento para utilizarlo sin miedo. En ese contexto es fundamental el apoyo del colectivo de abogados para que el concepto de cultura arbitral cale en nuestro paí­s. " se comenta desde ACAM

ACAM, Asociación Comunitaria de Arbitraje y Mediación, www.arbitraje-acam.org es una asociación sin ánimo de lucro de proyección europea que funciona como Corte de Arbitraje en todo el territorio nacional. Su finalidad principal además es la del fomento de la mediación y arbitraje como métodos rápidos y económicos para resolver conflictos comerciales. En la actualidad ofrece sus servicios de asesoramiento en esta materia a cerca de un millar de empresas asociadas a esta entidad. El valor añadido de esta corte arbitral es que sus costes de los procesos arbitrales son bastante ajustados a cada disputa, respecto a los existentes de otras entidades similares.