El irrefrenable incremento en el número de reclamaciones y solicitudes de arbitraje que presenta el sector de las telecomunicaciones pone de manifiesto que los usuarios carecen de la protección administrativa de sus derechos elementales.

Este hecho ha llevado a la Unión de Consumidores de España-UCE a formular una propuesta de regulación de tales derechos, propuesta que ha trasladado a la Secretarí­a de Estado de las Telecomunicaciones.

La causa de esta desprotección se encuentra en una desregularización del mercado promovida por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Una desregularización que garantiza la rentabilidad de los nuevos operadores por encima de los derechos y libertades de los usuarios. A esto hay que añadir la pasividad de la Administración (Ministerio de Sanidad y Consumo y, en su dí­a, Ciencia y Tecnologí­a) que no ha establecido un sistema de derechos y mecanismos de defensa adecuados.

Por todo ello, UCE solicita a las administraciones públicas responsables que establezcan un sistema de derechos orientado hacia el usuario y que promueva la competencia leal. Para eso UCE ha enunciado la siguiente regulación de derechos:

– La salvaguarda del derecho de acceso en voz y datos mediante la constitución del Fondo del Servicio Universal. Se trata de un instrumento de solidaridad entre todos los usuarios, con las aportaciones de los operadores según su respectiva cuota de mercado por ingresos y con las aportaciones públicas que garanticen la viabilidad de Internet con una calidad básica de banda ancha con carácter universal.

– La celebración de contratos escritos, reforzada por la verificación de la totalidad de solicitudes de cambios por preasignación o portabilidad del número, respetará la libre elección del usuario .

– La tramitación en cuatro dí­as de las solicitudes de preasignación (o inhabilitación de la misma) o portabilidad unido a la imposición de sanciones para el operador que haya causado el retraso y de indemnizaciones a los usuarios evitará situaciones como el slamming (que ha afectado ya a más de 165.000 familias en España).

– UCE reclama respeto a la voluntad del usuario en la rescisión de cualquier servicio mediante un sistema de tramitación sencillo, ágil, accesible y que garantice que la solicitud es formulada por el titular del contrato.

– El usuario tiene derecho a conocer el plazo de tiempo en que dispondrá de lí­nea. Además, el contrato debe contener los parámetros de calidad exigibles por el usuario.

– Respecto a la competencia, UCE defiende el derecho a recibir ofertas de otros operadores sin limitaciones normativas. Así­, se aboga también por la protección administrativa ante los actos de publicidad engañosa o desleal.

– Para hacer efectivas las responsabilidades que la ley menciona, UCE apuesta por la relación directa entre usuario y operador y que este último sólo facture por los servicios que realmente presta.

El complemento lógico a esta propuestas es el establecimiento de un régimen compensatorio que vaya más allá de las indemnizaciones por interrupción del servicio de contempla la Ley. La exigencia de responsabilidades en otros aspectos como la publicidad engañosa o desleal, el incumplimiento de los compromisos contractuales de calidad o la alteración de la voluntad del cliente debe ser traducida en compensaciones que no sólo tengan un carácter indemnizatorio, sino que valoren el daño moral y las molestias generadas al usuario por los servicios de atención al cliente, por ejemplo.

Todo ello, completado con la definición de un régimen sancionador en relación con las prácticas irregulares realizadas por los operadores se traducirá en la mejora de unos servicios que, desgraciadamente, no han experimentado mejoras sustanciales desde su liberalización tal y como cabí­a pensar a principios de este proceso en el año 1998.