La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) espera que la Sociedad Pública del Alquiler que pondrá en marcha el Gobierno actúe como una empresa totalmente pública. La Federación rechazarí­a un modelo de empresa de carácter mixto en la que participaran empresas del sector inmobiliario, ya que se desvirtuarí­a su objetivo de fomentar el mercado del alquiler a precios bajos para convertirse en un nuevo negocio para el sector.

FACUA espera que la Sociedad Pública del Alquiler ponga un lí­mite asequible en las rentas mensuales de los alquileres que gestione, para que no terminen asemejándose a los altos precios existentes en el mercado. La Federación recuerda que uno de los motivos por los que en España hay un bajo í­ndice de alquileres es el alto precio de las rentas, que en muchos casos se asemejan al coste mensual de una hipoteca, por lo que la mayorí­a de los usuarios se inclina por la compra.

La Federación reclama al Ministerio de Vivienda la participación de las asociaciones de consumidores en el proceso de creación de la citada empresa pública, la elaboración de los modelos de contratos de alquiler, los acuerdos que la Administración suscriba con los propietarios y los procedimientos para la resolución de conflictos entre inquilinos y arrendadores.

Asimismo, FACUA demanda la creación de un órgano, del que formen parte los representantes de los usuarios, que supervise el desarrollo de las actuaciones de la Sociedad Pública de Alquiler.

Ante la información adelantada por la Cadena SER, en la que señala la posibilidad de que la Sociedad Pública pagase por adelantado el periodo completo de alquiler al propietario y se encargase además de los gastos del mantenimiento del inmueble, FACUA reclama la necesidad de exigir garantí­as a los arrendadores en cuanto a las condiciones de conservación de las viviendas.

De no ser así­, podrí­a terminar despilfarrándose dinero público en reformas o mejoras que deben ser responsabilidad del propietario de la vivienda, el cual al derivar ésta a la empresa pública se verí­a beneficiado sorteando la obligación de conservación que le exige la Ley de Arrendamientos Urbanos.