Los afectados son los 348 adjudicatarios de la promoción Altomadrid III en el distrito de Vicálvaro

Una nueva estafa inmobiliaria en Madrid

Una nueva estafa inmobiliaria parece estar gestándose en el distrito madrileño de Vicálvaro, concretamente en la promoción Altomadrid III en el barrio de Valderrivas. Los 348 adjudicatarios de las viviendas, que tení­an que haber recibido sus pisos a finales de 2004, se encontraron hace apenas un mes que la constructora contratada abandonaba las obras sin dar más explicaciones. La sorpresa era mayúscula entre ellos porque las mencionadas obras iban ya muy adelantadas y parecí­a inminente su finalización.

En efecto, una visita a las inmediaciones de la calle Omega donde se encuentra esta promoción de viviendas muestra el edificio terminado e incluso los cristales de todas las ventanas colocados. Pero el caos de escombros, material de construcción, vallas provisionales o barro en los accesos contrasta con la inactividad dentro de los lí­mites de la parcela donde ya no quedan ni trabajadores, ni camiones, ni hormigoneras... Tan solo una valla separa la calle del interior donde se parapetan unos guardias jurados que ni permiten pasar ni aportan información sobre las causas de la paralización de las obras o la manera de localizar a los responsables.

Pero los damnificados ya han conseguido llegar hasta las oficinas de PIK Pobedy Promociones, S.L., promotora de la urbanización, en el Paseo de La Habana nº 54. Aunque allí­ tampoco les dan mayores explicaciones. Ni explicaciones ni los avales que ya les habí­an entregado hasta el 7 de diciembre y que, en la mayorí­a de los casos, ascendí­an a 50.000 euros.

También han conseguido presentarse ante la empresa constructora, Corsan-Corvian para pedir explicaciones. Desconocedores de las causas de la paralización de las obras confiaban en que una desavenencia en los pagos entre promotora y constructora pusiera a esta última de su parte. Pero tampoco en Corsan-Corvian les aclararon nada. Todaví­a peor, tienen la impresión de que la suspensión de las obras parece convenida entre ambas.

Los afectados han conseguido reunirse en el Centro Cultural de Vicálvaro en un par de ocasiones para estudiar qué hacer. ¿Y qué les queda por hacer? Recorrerse media ciudad para entrevistarse con responsables de instituciones como la Junta Municipal, el Ayuntamiento, la Comunidad o el Ministerio. Pero nadie satisface sus demandas. Tan solo les queda la denuncia ante el juez y la incertidumbre de si seguir pagando o no, de si una querella es lo más conveniente para evitar la paralización definitiva de las obras o de si lo mejor va a ser dar una patada a la valla y ocupar sus casas.
Aunque ya sabemos qué pasa en un paí­s donde la justicia, dependiendo para quién sea, también tiene dos velocidades.