La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado un análisis sobre algunos de los aspectos que han tenido una mayor trascendencia pública del Informe para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado elaborado por el comité de expertos elegido por el Gobierno.

FACUA apoya que el director general de RTVE sea elegido por su Consejo de Administración, pero demanda que en él participen dos representantes de las asociaciones de consumidores junto a los de los sindicatos, los designados por el futuro Consejo Audiovisual y los elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado.

En estas medidas para garantizar la independencia con respecto al partido que gobierne, la Federación también considera positivo que los tiempos de mandato del Consejo de Administración, seis años, y el director general, cinco años, no coincidan con el de una legislatura.

En relación a la composición del Consejo Asesor Estatal, FACUA valora positivamente que incluya tres miembros designados por el Consejo Económico y Social incluyendo entre ellos a representantes de los espectadores, si bien se deberí­a interpretar que con ellos se refiere a las asociaciones de consumidores.

Sin embargo, la Federación lamenta que en la propuesta de composición del Consejo Audiovisual no se plantee la representación de las asociaciones de consumidores.

FACUA comparte que el Estado debe asumir los 7.500 millones de euros de deuda de RTVE. En cualquier caso, señala que debe ser entendido como algo absolutamente normal que la televisión pública sea deficitaria ya que nunca deberá ser considerada como un negocio, si bien ésta tendrá que funcionar con criterios de racionalidad, evitando despilfarros y con una gestión en la que primen los intereses de los ciudadanos.

En relación a la reducción de la publicidad propuesta por el Comité de Expertos, FACUA advierte que resulta evidente que los usuarios desean una televisión sin publicidad o con la menor cantidad posible de anuncios, pero de llevarse a cabo medidas de este tipo hay que reducir al máximo el riesgo de multiplicar el endeudamiento a medio plazo, lo cual además alimentarí­a discursos que apuesten por la privatización total o parcial de la televisión pública.

En cuanto al aumento de la subvención directa del Estado hasta llegar al 45 o el 50%, la Federación considera que esta medida sólo deberí­a asumirse si se acompaña de una participación real y efectiva de las asociaciones representativas de los usuarios en los órganos de dirección y control de los medios públicos.

FACUA comparte asimismo el rechazo a la creación de un canon para la financiación de los medios públicos. La fórmula de la imposición de cánones o impuestos indirectos, es para FACUA una ví­a injusta, porque harí­a pagar igual a los desiguales. No serí­a solidario que los ciudadanos de mayor poder adquisitivo de España pagasen lo mismo para financiar la televisión y la radio públicas que aquéllos cuyos ingresos rozan el salario mí­nimo.

La Federación demanda una televisión y una radio públicas donde prime la calidad por encima de la captación masiva de audiencias, dirigida a ciudadanos crí­ticos y no a simples consumidores de espacios publicitarios que la financien. Una televisión que huya del despilfarro pero que no esté centrada en la obtención de ingresos y que respete la normativa vigente sobre duración y contenidos publicitarios, cuyos contenidos no estén mediatizados por los anunciantes, que promueva la cultura, que apueste por la producción propia, que dé cabida al diálogo y al debate, que respete el pluralismo y que cuente con mecanismos de control adecuados para garantizar el cumplimiento de estos fines, en los que participen las organizaciones representativas de los ciudadanos.