Ahora más que nunca es necesario que todos los entes de gestión polí­tica del Sistema Nacional de Salud y el Ministerio consigan articular las normas que permitan la capacidad de intervención necesaria para garantizar los estándares básicos de calidad y acreditación, y la garantí­a de equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias para la población de todo el Estado Español. Debe, tambien, garantizarse la permeabilidad suficiente y necesaria en todo el dispositivo sanitario del Estado en un entorno Europeo de libre circulación de ciudadanos con plenos derechos.

Esta serie de normas con rango de ley debe contemplar la asignatura pendiente de todos los gobiernos desde el año 1986. Es imprescindible la negociación de un Estatuto Marco que por un lado garantice la permeabilidad de profesionales, con un sistema de acreditación centralizado que permita la planificación en materia de personal y la movilidad de los profesionales en todo el Estado.

Esta norma básica en materia de personal debe garantizar los derechos básicos de: negociación colectiva, derechos retributivos, la promoción profesional y las carreras profesionales, los sistemas armonizados y coordinados de selección y provisión, las garantí­as en materia de Salud Laboral, la normativa básica de incompatibilidades y la ordenación del tiempo de trabajo y jornada laboral.

Para hacer posible todo esto es imprescindible que el Ministerio a través del Consejo Interterritorial constituya la Mesa de Negociación Sindical del Sistema Nacional de Salud con presencia de las Comunidades Autónomas.

La reciente Ley de Excepcional de Consolidación es un buen ejemplo, a través del cual hemos demostrado que es posible consensuar soluciones a los problemas estructurales del Sistema y que el Consejo Interterritorial puede perfectamente jugar el papel de órgano de coordinación de polí­ticas consensuadas y que respondan al interés general por encima de intereses coyunturales y partidistas. Este espí­ritu constructivo puede permitir la consolidación de más de 70.000 empleos.

Lástima que los gestores de personal de Insalud hayan dejado en el "Debe" final algunos incumplimientos del que tenemos que destacar la falta de responsabilidad que significa el haber bloqueado el derecho a la movilidad voluntaria de unos cinco mil profesionales de Atención Primaria y la falta de convocatorias de algunas categorí­as profesionales. A pesar de esto hemos conseguido que en el momento pre-transferencial se articule la mayor Oferta de Empleo de la Historia de las Administraciones Públicas donde se han implicado las Comunidades Autónomas y los Ministerios de Hacienda, Administraciones Públicas, Sanidad y el Ministerio de Trabajo.

El Estatuto Marco y la transposición de la Directiva Comunitaria de Ordenación del Tiempo de trabajo son dos materias de negociación para articular procesos similares de consenso entre todas las Administraciones del Estado y Autonómicas, con las fuerzas sindicales.

Por último desde Comisiones Obreras consideramos que el ya cuasi-extinto Instituto Nacional de Salud merece el reconocimiento del conjunto de las fuerzas polí­ticas y sociales del Estado Español por el papel que ha jugado en la consolidación y desarrollo del que es sin duda el Sistema Público de Salud más solidario y equitativo de los que existen en el mundo en estos momentos y que esta función de redistribución social la realiza manteniendo altí­simos parámetros de calidad.