UGT insta al Gobierno a adoptar medidas legislativas y complementarias a la Orden de prohibición de la utilización, producción y comercialización del amianto en España, aprobada el pasado 7 de diciembre. El sindicato demanda de manera urgente medidas legislativas y complementarias como la creación de un instituto para afectados del amianto, una norma para adelantar la edad de jubilación de estos trabajadores, el establecimiento de un sistema público de indemnizaciones para los afectados y la creación de unidades especí­ficas para establecer controles médicos preventivos en las Comunidades Autónomas.

El pasado 7 de diciembre de 2001 se aprobó la Orden por la que se prohí­be la utilización, producción y comercialización del amianto en España y de los productos que lo contengan. Esta Orden establece el plazo de prohibición a los seis meses de su entrada en vigor. La UGT valora muy negativamente esta moratoria de la prohibición, sobre todo, por que supone un cambio sustancial respecto al Proyecto de Orden que se sometió para su consulta a los agentes sociales antes del verano. Este Proyecto contemplaba la prohibición el uno de enero de 2002 por lo que en su momento se valoró positivamente. Sin embargo nos encontramos con la publicación de esta Orden, en la que se prevé una importante moratoria para su prohibición sin ninguna explicación, haciendo uso del más absoluto desprecio al procedimiento de consulta, ya que, ni se han incorporado ninguna enmienda de los sindicatos y el texto aprobado supone una regresión importante de sus contenidos. La UGT, valora negativamente la decisión unilateral de retrasar la entrada en vigor de la prohibición, así­ como, la actitud del Gobierno que supone un claro quebranto del procedimiento de consulta obligatoria a los agentes sociales.

En España hay mas de 60.000 trabajadores que han estado expuestos directamente a importantes niveles de concentración de fibras de amianto, esta exposición está produciendo mas de 1.100 muertos al año por cáncer de pulmón, pleura o asbestosis (500 según sanidad), la exposición a este agente cancerí­geno traerá mas de 50.000 muertos hasta el año 2030 en España (mas de 500.000 en la UE). Entre tanto, el Gobierno sigue sin tomar medidas enérgicas y definitivas complementarias a la prohibición, que ayuden a paliar la situación de miles de trabajadores expuestos y de sus familias

Por ello, y a pesar de lo positivo de la medida legal adoptada, la UGT, considera necesario la puesta en marcha de otras serie de medidas legislativas y complementarias conducentes a la articulación de una verdadera intervención efectiva y necesaria, sobre la situación de los miles de trabajadores que se ven y se han visto expuestos a esta sustancia como consecuencia de su actividad lab oral. Entre otras medidas demandamos de manera urgente:

La creación de un Organismo oficial (INSTITUTO para afectados del Amianto) caminando así­ en la lí­nea creada ya por otros paí­ses de nuestro entorno (Experiencia Holandesa), cuya faceta principal debe residir en la tramitación y gestión de sistemas económicos reparadores/compensadores hacia ese colectivo.

La promulgación de una norma que posibilite el adelanto en la edad de jubilación para los trabajadores del Amianto, en consonancia y por analogí­a con otros colectivos profesionales que, en la actualidad, tienen conseguidos derechos semejantes. También, en coincidencia, con las actuales polí­ticas de otros Estados Miembros (como por ejemplo Francia).

Establecimiento de un sistema público de indemnizaciones para los afectados.

Creación de Unidades Especí­ficas para realizar controles médico-preventivos, en todas y cada una de las Comunidades Autónomas.