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La Unión de Consumidores de Sevilla formula una denuncia contra telefónica de españa por deficiencias en la calidad del servicio prestado en la provincia
Recibida de UCA/UCE el 21-09-2004 a las 12:09

La Unión de Consumidores de Sevilla (UCA/UCE) ha elevado a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología una denuncia contra Telefónica de España en nombre del Ayuntamiento de Cañada Rosal por distintas deficiencias en el servicio en esta localidad entre el 28 de junio y el 4 de julio pasados.

La Unión de Consumidores de Sevilla (UCA/UCE) ha elevado a la Secretarí­a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnologí­a una denuncia contra Telefónica de España en nombre del Ayuntamiento de Cañada Rosal por distintas deficiencias en el servicio en esta localidad entre el 28 de junio y el 4 de julio pasados.

En concreto, UCA/UCE, amparándose en el Real Decreto 1.736/98, de 31 de julio, en materia de calidad de las telecomunicaciones, ha denunciado a esta compañí­a telefónica por las deficiencias durante estas fechas, situación que -llegó a afectar a numerosos vecinos durante más de un dí­a ininterrumpidamente-.

Numerosos vecinos de la localidad han solicitado un arbitraje de consumo por los daños y perjuicios causados, aunque el Sistema Arbitral de Consumo no permite que el Ayuntamiento de Cañada Rosal se persone como parte afectada, por lo que ha elevado esta denuncia a la que se ha adherido UCA/UCE.

El consistorio, como reza en la denuncia remitida al Ministerio de Ciencia y Tecnologí­a, -se vio impedido para desarrollar los servicios municipales con normalidad-. Por este motivo, y puestos en contacto con los servicios de información al usuario de Telefónica de España, todo lo que se obtuvo fue una -actitud despreocupada de la empresa prestadora de tan esencial servicio público-, por lo que UCA/UCE se ve -en la necesidad de elevar esta reclamación a esta Secretarí­a de Estado, toda vez que entendemos que la misma está perfectamente justificada y es proporcionada al perjuicio causado a la Entidad Pública perjudicada y a la población que la misma representa-.




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